18 feb. 2018

Apocalípticos y destituyentes

Luego de varios posts, entre los últimos, dedicados a denostar al gobierno y su penosísimo, imperdonable tratamiento del caso Chocobar (en lo importante: su vergonzosa gestión de los derechos, a los que se acerca conforme al dictado de las encuestas del día), vayan dos palabras, literalmente, sobre la oposición. Apocalípticos y destituyentes. 

Los amigos del gobierno anterior pasaron casi una década con la bobada de que los opositores eran apocalípticos (Carrió y cía.) y destituyentes (TN y cía.). Encontrarlos hoy en ese mismo lugar que burlaban y aborrecían, despierta piadosas sonrisas: el gobierno, según ellos, caerá en los próximos días, rodeado de muertos (causados por el gobierno). Pobre oposición!

Premio Seminario al actor, y a la obra de teatro: Osqui Guzmán y El Bululú

Ya hablamos de él en el blog, y aprovechamos una nota que le hacen hoy (acá), para volver a reivindicar -y premiar- al actor, hijo de bolivianos y costurero (y subrayo ambas cosas, que no son anécdotas en su vida). Osqui es desde siempre un tremendo actor, inteligente y humilde, que viene interpretando y seguirá interpretando por un tiempo, la genial obra de José María Vilches: El Bululú. Aplauso, maestro!

16 feb. 2018

Confirman el procesamiento de Chocobar

https://www.clarin.com/policiales/imputaron-policia-luis-chocobar-homicidio-agravado-confirmaron-procesamiento_0_r1jSXP4vz.html

La Sala VI de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional confirmó el procesamiento del policía que disparó y mató al presunto delincuente, e imputó al  agente por  "homicidio agravado por la utilización de un arma de fuego en exceso en el cumplimiento de un deber"​. A la luz de la decisión de la Cámara, uno se pregunta quién asesora al Presidente cuando toma decisiones como la que tomó, y quién no lo detiene, cuando se propone llevar a cabo una acción tan irracional, injusta e innecesaria como la del caso -el Presidente convocó al policía a su despacho, para felicitarlo por su conducta, apenas supo que el policía recibió su primer procesamiento desde el ámbito judicial. Si el Presidente no tenía buena información de lo ocurrido, es imperdonable lo que hizo, y si la tenía, mucho más. No se puede tomar a la ligera la vida de nadie. Nadie puede, y menos nuestros máximos representantes, salir a celebrar un muerto, y felicitar a quien ha matado (cualquiera sea la circunstancia de la muerte, y mucho más en situaciones oscuras, como la del caso).

Posiblemente, el Presidente sabía los detalles de lo ocurrido, y a conciencia hizo lo que hizo para ayudar a "cambiar una cultura" (de hostilidad hacia las fuerzas de seguridad) y una "doctrina" supuestamente imperante (la garantista), empujado por asesores de imagen que lo informan de que sus votantes aprecian las políticas de "mano dura." Ello torna a todo el episodio mucho más triste: triste que se le de entidad a los reclamos más pasionales de la comunidad, cuando hablamos de derechos; triste que la política promueva, desde hace años, irresponsablemente, políticas de endurecimiento penal (bajo la excusa de la "puerta giratoria," como durante el gobierno anterior; o bajo la idea de "ponerse del lado de las fuerzas de seguridad", propia de este gobierno); triste que haya que salir a defender el valor de las garantías penales, como si se tratara de excesos. No defendemos los derechos de los victimarios porque son delincuentes, sino que lo hacemos porque son personas.

15 feb. 2018

Informe de la CIDH sobre la situación de derechos humanos en Venezuela

Excelente, en una perfecta muestra del tipo de tareas que le corresponden a la Comisión, y en donde más se la necesita

http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Venezuela2018-es.pdf

14 feb. 2018

Zaffaroni y la "apología del delito"

Las declaraciones de Zaffaroni sobre su deseo de que el gobierno actual se vaya lo antes posible, son impresentables a la luz de una historia larga argentina, plagada de golpes de estado; y una historia corta llena de muertes producidas en circunstancias de "salida anticipada." También se encuentran en tensión con la "independencia, imparcialidad, dignidad y prestigio" que le exige el ejercicio de su cargo en la Corte Inter-Americana de Derechos Humanos (art. 18 inc. c del Estatuto de la Corte).

De todos modos, no representan un caso de apología del delito. Como ciudadano común (que él no lo es) puede no sólo criticarse al gobierno, sino incluso hacerse campaña para la remoción del Presidente u otras autoridades de gobierno, a través del juicio político.

Dos libros recientes, de dos de los mejores constitucionalistas del mundo -Cass Sunstein (acá) y Laurence Tribe (acá)- abonan el camino para la promoción del juicio político del presidente norteamericano, y no hay absolutamente nada malo en ello (aunque en democracias frágiles el asunto merezca pensarse con especial cuidado).

12 feb. 2018

Derechos incondicionales que están por encima de los planes económicos

Publicado hoy en LN, acá
http://www.lanacion.com.ar/2108469-derechos-incondicionales-que-estan-por-encima-de-los-planes-economicos?utm_source=n_os_nota1&utm_medium=opinionS&utm_campaign=opinion


Son las políticas públicas las que deben orbitar en torno al sistema de garantías constitucionales y no a la inversa
     

Los economistas tienen serios problemas para reconocer el significado de contar con derechos consagrados constitucionalmente, con carácter incondicional, universal e inviolable. Desde hace décadas sabemos que los derechos -todos los derechos- cuestan y que, por lo tanto, su grado de satisfacción depende de la fortaleza de la situación económica de un país. Sin embargo, en un sentido todavía más relevante, tales derechos son incondicionales, porque frente a la obligación de respetarlos la respuesta estatal que dice "vuelva mañana porque hoy no tenemos recursos", simplemente, no resulta admisible.

Gobiernos como la mayoría de los latinoamericanos, que han afirmado en sus constituciones fuertes listas de derechos, deben reconocer que tales derechos no son "poesía" ni representan meras aspiraciones del tipo "ojalá que se cumplan un día". Todo lo contrario: un gobierno jamás puede dejar de celebrar una elección alegando que "cuesta mucho llevarla a cabo". Ni puede cerrar una rama del Legislativo para "abaratar costos". Ni puede negarse a contratar a un traductor para que el extranjero entienda el juicio que se celebra en su contra porque "no tenemos dinero para todo". Ni puede negarse a construir una rampa para que los discapacitados accedan hasta las oficinas públicas porque "a fin de cuentas son sólo unos pocos". Ni puede clausurar los tribunales alegando que "mantenerlos abiertos nos resulta muy caro."

Les guste o no, los economistas deben aprender que, en un sentido fuerte, los derechos no dependen de los planes económicos, sino a la inversa. La admisibilidad o no de un cierto plan económico depende de su capacidad para asegurar el respeto de los derechos constitucionalmente consagrados y para garantizar progresivamente la satisfacción más plena de estos. De lo contrario, lo que corresponde es retirar a esos derechos básicos de la Constitución. Curiosamente, y por suerte, la realidad de todos los países civilizados (incluyendo, en primer lugar, a los países latinoamericanos) suele ser la opuesta. Esto es, cada vez que se ha reformado una Constitución, se ha tendido a afirmar y en todo caso a expandir, nunca a reducir, la lista de los derechos existente. Sea cual sea la razón última (virtuosa o no) que explica este hecho, lo cierto es que tenemos toda la razón del mundo para tomarnos en serio los derechos incorporados en el único contrato que nos une a todos -la Constitución- y reclamar el cumplimento de aquellos, mientras allí sigan residiendo.

Lo dicho resulta más complicado aún de lo que parece y, por lo tanto -tal vez-, todavía más difícil de aceptar para los economistas. Y es que, frente a las obligaciones constitucionales que tienen, los gobiernos no pueden decir, por ejemplo, "elijo este plan económico que, seguramente, en unos años permitirá que todos gocen de sus derechos de un modo más firme", si la aplicación de dicho plan implica, en la actualidad, que los derechos de una mayoría queden insatisfechos de un modo grave. Los derechos son inviolables e incompensables entre las personas o grupos (los derechos plenos de unos no pueden compensarse con la privación o reducción de los derechos de otros). La libertad infinita de que gozaba Idi Amin en Uganda, en su momento, no compensaba la falta de libertades que oprimía a todo el resto.

El buen vivir o la mayor seguridad de una mayoría ocasional tampoco justifican la tortura del "peor de todos" ni la expulsión de los "indeseables" de turno porque la mayoría no quiere convivir con ellos. Del mismo modo, el mayor bienestar de muchos no justifica que "por unos años los de abajo se ajusten el cinturón", si ese "ajuste del cinturón" implica la pérdida o no afirmación de sus derechos básicos: la salud, vivienda, educación, seguridad, etc., deben asegurárseles a todos. Por ello decimos que los derechos son universales: porque les corresponden a todos, blancos y negros, mujeres y varones, ricos y pobres, siempre y sin distinciones.

Las consideraciones anteriores no implican negar que vivimos en países con capacidades económicas limitadas. Todos los tribunales de derechos humanos reconocen, por ello, lo que denominan el "principio de progresividad", que determina que los Estados deben "procurar todos los medios posibles" para la satisfacción de los derechos de todos y cada uno, en cada momento histórico. Por supuesto, en ningún caso el "contenido esencial" de tales derechos puede afectarse. De allí que las constituciones modernas sean compatibles con modelos económicos muy diferentes, y de orientación opuesta, pero siempre que ellos aseguren el piso mínimo de derechos que les corresponden a todos.

Cierto modelo económico puede determinar que los bienes básicos sean dispensados solamente a través de la prestación estatal, y otros, abrir más la puerta a iniciativas privadas o a formas económicas mixtas. Ciertos programas pueden privilegiar el ingreso a determinadas facultades, conforme al mérito; otros pueden vincular el acceso inmediato a los hospitales de acuerdo con las necesidades o urgencias de los pacientes. Pero ningún programa puede considerarse autorizado si, en los hechos, determina que algún sector de la sociedad quede marginado del acceso a los derechos fundamentales.

Lo dicho hasta aquí tampoco importa negar la posibilidad de que, en momentos de crisis, encaremos sacrificios conjuntos, ni rechazar que los privilegiados hagan mayores esfuerzos que los más débiles, en los momentos difíciles, para salir de una situación de apremio. Pero, otra vez, esos sacrificios no deben implicar nunca que algunos -pocos o muchos- dejen de contar con sus derechos básicos asegurados. Puede resultar comprensible, frente a una crisis, que no construyamos un nuevo autódromo, dejemos de comprar el armamento más sofisticado, fomentemos el uso de fuentes de energía alternativas o recortemos las jubilaciones de privilegio. Pero, por supuesto, dicho momento de angustia económica no debe servir como excusa para cerrar las bibliotecas u hospitales públicos, y tampoco para impedir que algunos accedan a tales beneficios.

Finalmente, debemos reconocer que el esquema de derechos fundamentales consagrado en nuestras constituciones es el que debe organizar nuestras políticas públicas y no al revés. Son ellas -las políticas públicas- las que deben orbitar en torno al sistema de derechos, y por lo tanto son ellas las que deben ser escogidas, evaluadas y eventualmente dejadas de lado, conforme a su capacidad para asegurar a todos, hoy, sus derechos básicos. Las políticas son las que deben esperar, y no los derechos. El argumento según el cual la libertad de expresión, el sistema de justicia, el acceso a los hospitales, la educación para todos, el medio ambiente limpio, la no discriminación, el respeto a la diversidad cultural o las elecciones periódicas van a garantizarse o no, dependiendo del éxito que vaya a obtener el programa económico, no se encuentra disponible para ningún gobierno.

6 feb. 2018

"La inmensa mayoría de la gente quiere la pena de muerte"

El sociólogo del gobierno, JDB ha vuelto a hacer lo que le gusta, esto es, provocar con frases polémicas, y en este caso además, particularmente irritantes. El reportaje y su síntesis pueden verse aquí abajo:

Al reportaje puede anexársele otro similar, y hecho por el mismo periodista, a la Ministra de Seguridad, que vuelve a mostrar su peor rostro -el otro aún no lo he visto- diciendo que, desde el gobierno (ay), quieren cambiar la "doctrina" conforme a la cual el policía es siempre culpable: https://www.clarin.com/politica/fuerte-cruce-periodista-ernesto-tenembaum-patricia-bullrich-caso-chocobar_0_HyNc5fPLG.html .

La afirmación que más me choca de las que hace JDB es aquella en la que dice: "La gente pide que se reprima brutalmente a los delincuentes. Hemos hecho encuestas y la inmensa mayoría quiere la pena de muerte".

En tanto encuestólogo, él puede defender la frase como meramente descriptiva (más allá de que esas encuestas no me consten, aunque puedan existir y con esos resultados). Sin embargo, es claro que -y éste es siempre el problema de los sociólogos/encuestadores- dicho juicio descriptivo se desliza habitualmente hacia otro lado, con la pretensión de convertirse, como en este caso, veladamente, en un juicio "normativo", acerca de lo que "debe" hacerse. 

Sobre la cuestión, marcaría algunos puntos:

1) En términos normativos, no aceptamos nunca (en la Argentina y en cualquier democracia constitucional), y está bien que no aceptemos nunca, regular derechos a través de encuestas.

2) Una encuesta es algo completamente diferente a una decisión democrática. Muchas veces, como en este caso, se nos presenta el resultado de una encuesta para decirnos: "esto es lo que democráticamente quiere la gente, así que usted que tanto habla de la democracia, tiene que resignarse a aceptar ese resultado." Y lo cierto es que en absoluto: el mercado es una cosa, y la democracia otra, y merecen regularse por criterios diferentes. 

3) Las diferencias son más notorias todavía (aunque aquí no voy a insistir en el punto) para el caso de quienes entendemos democracia no de cualquier modo (como una mera cuestión estadística o de números), sino como decisión colectiva que se toma luego de un debate que incluye a todos los afectados. Por eso, por ejemplo, muchos no nos conmovimos por los plebiscitos convocados por Fujimori o Pinochet: una consulta popular sin discusión, sin debate y críticas, sin que se escuchen equitativamente todas las voces, o con decenas de voces censuradas o ausentes, no es la expresión de la democracia, sino una trampa.

4) Puede tener sentido, a nivel de mercado, la encuesta acerca de cuál tipo de jabón prefiere la gente. La decisión sobre cuestiones vinculadas con la justicia - por ejemplo, cómo responder frente a quienes cometieron crímenes de lesa humanidad - son algo completamente diferente, e independiente también de lo que diga cualquier encuesta. Ello, entre otras razones, porque las cuestiones de justicia, para resolverse bien, deben dar cuenta de matices (qué hacer con los arrepentidos; qué hacer frente a los que llevan años de prisión; qué hacer frente a los ya ancianos; qué frente a los que han radicalizado sus posiciones) que pueden resultar irrelevantes en una encuesta sobre jabones, pero simplemente cruciales en nuestras reflexiones sobre cómo tratarnos mutuamente, y como a cada uno. 

5)  Por lo demás, y esto es crucial, frente a un hecho conmovedor, y preguntadas a bocajarro, las personas pueden decir cosas espantosas (no sólo, pero mucho más, si su respuesta se mantiene en el anonimato, como ocurre típicamente en los comentarios que aparecen luego de las notas, en los diarios digitales). Sin embargo, esas mismas personas, puestas a considerar argumentos de un lado y otro, luego de escuchar a las diferentes partes, y con tiempo para deliberar (esas mismas personas, repito), tienden a tomar posiciones diferentes a las que tomaban a las apuradas, puestas contra la pared, en el primer instante

(digo algo más sobre la cuestión democracia-mercado-jurados en el último post que incluyera en el blog, acá:

6) Eso es exactamente lo que pasa con los jurados penales, compuestos por "no profesionales". Tenemos evidencia empírica, aún en nuestro país, que en el marco del juicio por jurados (esto es, luego de tomarse un tiempo, escuchar a las partes, escrutar la evidencia) los ciudadanos comunes tienden a tomar decisiones más bénevolas o menos punitivistas que las que son habituales entre los jueces profesionales.

7) Es decir, la idea de que "la gran mayoría de la gente quiere la pena de muerte" es falsa, o limitada a conceptos de "mayoría," "gente" y "quiere" que la tornan totalmente irrelevante. Ello, porque es dable esperar que, esa misma gente, con más tranquilidad, frente a argumentos en contra, teniendo la oportunidad de evaluar la evidencia del caso, y frente a situaciones concretas, diga lo contrario a lo que se le quiere atribuir en una encuesta como la que cita JDB con carácter fijo o definitivo.

5 feb. 2018

Democracia y derecho penal/ Notanpuán

Video de la presentación sobre castigo y democracia en notanpuán

2 feb. 2018

El horror

Policía mata a un ladrón, y Presidente que lo llama para decirle "estoy orgulloso de vos." Uno peor que el otro.

1 feb. 2018

26 ene. 2018

Brevisimas sobre Lula y su procesamiento

& La idea que veo reiterada estos dias, en algunos ambitos (ayer y hoy en P12, por ejemplo) sobre la justicia brasilera como "corrupta y venal" es por completo falsa, y se basa en prejuicios y falta de informacion. La justicia brasilera es en general independiente, conservadora aunque con muchos focos progresistas en las instancias inferiores, y los jueces que condenaron a Lula (primero Moro, ahora el Tribunal Federal de Porto Alegre) no son ni venales, ni corruptos, ni de derecha. Querer asimilar todo a los peores casos de la Argentina (donde la situacion de la justicia, su forma de nombramiento, etc.) es muy diferente, es un error grave, motivado por la desesperacion politica (este comentario no incluye a los tribunales superiores de Brasil u otros paises de la region, en donde los nombramientos se dan por otra via, mas politica y mas riesgosa para su independencia política).

& Que en la derecha y sus extremos no podemos confiar, o que esos extremos no están interesados en la democracia, son datos que pueden constituir nuestros puntos de partida. Por eso, como diría Boaventura, lo que tenemos que hacer es pensar en la izquierda y sus deberes pendientes.

& Aqui otra vez, como dice Boaventura en su carta a los brasileros, la "politica del cheque en blanco" a los gobiernos de los ultimos 10 anios en la region, es parte del problema.

& La idea de que la justicia propone "romper el legado" de los gobiernos progresistas, hace agua por todos lados. No solo porque los referidos no eran gobiernos progresistas (pero este es un asunto que dejo de lado), sino porque fueron jueces casi en todos los casos nombrados por esos mismos "gobiernos progresistas". No hacerse cargo de eso es otra gran parte del problema.

& El tema de las pruebas judiciales: el punto de partida es el que sabemos y hacemos como que no sabemos. Probar cualquier delito es muy difícil sino imposible si no tenemos una filmación del hecho avalada previamente, o sea algo que no sucederá nunca. Por eso muchas veces los jueces terminan sopesando lo poquito que tienen frente a sí conforme a su "íntima convicción". Por suerte, para mi en estos casos la cuestión es de responsabilidad política y no judicial, por lo que no me preocuparía si Lula es responsabilizado políticamente. El caso es análogo al del proceso que condujo Julio Maier y que término con la destitución de A. Ibarra como jefe de gobierno, y análogo al que debió destituir a CFK luego de Once: si armas un sistema de ultrapresidencialismo y te aprovechas de el, luego SOS el  primer responsable si existe, como existió, el memsalao, y salta el lava jato. Pediría lo mismo que pidió Maier para Ibarra.

& Los llamados "gobiernos progresistas" o no modificaron la justicia, porque no se interesaron mayormente en las cuestiones institucionales y su reforzamiento, o eligieron el camino errado porque procuraron sobre todo su  sometimiento, o porque promovieron reformas conservadoras o reaccionarias (pensemos en la reforma del Consejo de la Magistratura o la de la Democratizacion de la Justicia, en la Argentina, o pensemos en los nombramientos de militantes a las ordenes en los puestos mas altos de la justicia, como en Ecuador o Venezuela, donde la presidenta de la Corte decia que la justicia debia estar sometida a las ordenes del presidente). Como puede ser que gobiernos pretendidamente de izquierda no encaren reformas radicales y democráticas sobre el sistema judicial? Cómo puede ser!? Luego, que sorpresa cabe, el horrendo sistema judicial que avalaron y prohijaron no actúa (depende el caso) del modo independiente, democrático o progresista que hubiéramos querido. Cual es la sorpresa si se nombra a jueces corruptos o mercenarios, no se democratiza el PJ o no se hacen reformas radicales?

& Explicaciones como las que refiero al comienzo tienen dificultades para dar cuenta de lo ocurrido en Chile o en Uruguay, donde tambien gobernaron, supuestamente, progresistas, que en casos como el de Bachelet llevaron a cabo reformas profundisimas, o en el caso de Mujica desafiaron hasta el hartazgo al sistema capitalista: por que ellos no fueron acorralados por la justicia? Porque fueron gobiernos reaccionarios o porque no traficaron corrupción como los K o Lula? Hay que hacerse cargo.  Tales explicaciones también tienen problemas para dar cuenta del juicio politico en Peru, o para hacernos entender las dificultades que la justicia le puso a Santos. En resumen: su capacidad explicativa es casi nula

& Si esos gobiernos progresistas -Brasil, Argentina, Venezuela- no hubieran tenido los problemas de hiper corrupcion que tuvieron, seguramente estarian hoy en una situacion mas "normal" institucionalmente. Debe llegar el momento de tomar responsabilidad por la hiper corrupcion en que se incurrió, por completo innecesaria para llevar adelante reformas de relevancia, como Bolivia, Uruguay o Chile lo demuestran. Se puede legislar la educación gratuita (resistida por las elites) como en Chile, optar por políticas más liberales en materia de estupefacientes, como en Uruguay, o impulsar la integración y el empoderamiento de las mayorías indígenas marginadas, como en Bolivia, sin necesidad de rapiñar desde el Estado y repartir millonadas entre los aliados, como hicieron Lula o los K.

& El otro punto repetido, sobre todo en los medios, es...el de los medios. Se explica: los periodistas desesperan por adjudicarse un poder de influencia y un protagonismo que no tienen, además de que acostumbran a pensar el mundo con el centro en ellos. Y la verdad es que no. Cada vez menos gente lee esos medios, los que lo leen sólo en una porción menor se interesan por la política (deportes, espectáculos y policiales ranquean habitualmente arriba), y los interesados en política (el famoso círculo rojo) por un lado se informan, como todos y más, por fuentes diversas, y por otro tienden a nutriese de aquellas fuentes que reafirman su pensamiento. Por una vez, quienes piensan desde los medios, en lugar de asumir como siempre una postura elitista y despreciativa hacia las masas, debería pensar sobre las condiciones de recepción de cualquier mensaje: por que el que recibe una cierta noticia la va a receptar, cuando y bajo que condiciones. Un poco de humildad alguna vez: si vivimos en democracia es porque las personas pueden distinguir y discriminar, y no van a suicidarse en masa porque algún loco se los pida. Resumidamente: el desprestigio de muchos de los ex presidentes no se debe a que lo pidió Clarín o lo dijo O Globo, sino a que una mayoría de personas dijo "si es así no estoy más de acuerdo" (nada de lo anterior niega que cualquier empresa, incluso las de medios, tengan intereses y presionen lícita e ilícitamente por ellos, mas alla de que tengan una gran limitación: necesitan ser consumidos-comprados por muchísima gente, para garantizar su poder).


24 ene. 2018

La politica de derechos segun AG



En el link de arriba, Alejandro Grimson vuelve a escribir sobre la necesidad de una politica de unidad frente al macrismo. Me alegra el escrito, y coincido con la iniciativa, aunque no con buena parte del contenido. El tema da para largo pero aqui, lejos del pais, desde una biblioteca publica perdida en medio de la nada, apenas me da el tiempo para unos primeros comentarios.

Creo que AG infravalora o subestima la magnitud de los desacuerdos presentes entre quienes criticamos al macrismo, o marchamos contra el; asi como sobre-valora o sobre-estima el peso de los acuerdos que podrían aunarnos. Me concentro sobre todo en este ultimo punto, aunque digo algo breve sobre lo primero.

AG subestima los desacuerdos porque -para decirlo de forma brevísima- no es correcto unirse a la derecha institucional para combatir a la derecha económica. Para clarificar lo dicho, llamo derecha institucional a la representada por las oligarquías provinciales, tanto como a las fuerzas (normalmente aliadas) que trabajan para la concentración del poder político-institucional. La derecha económica es, mientras tanto, la que en los hechos favorece la concentración del poder económico. Habitualmente, los vasos comunicantes entre tales grupos son intensos y profundos pero, en todo caso, insistiría con el punto: es un error, para la izquierda, aliarse con la derecha institucional, para desplazar a la derecha económica. Se trata de una opción que debe rechazarse, como siempre, por principios y por tácticas, muchísimo más cuando la derecha aliada tiene poder. Las chances de estar trabajando para la llegada de la "otra derecha" (siempre vinculada a la que esta en el poder) resultan entonces altísimas. [Como nota al pie, agregaría que, en su "periodo largo," esto es, cuando el kirchnerismo supero su primer minuto (muy interesante) de transversalidad y liberalismo (liberalismo en su institucionalismo, reforma de la Corte, primeras politicas de salud reproductiva), mas precisamente, en la "etapa solida" del kirchnerismo, el mismo represento, sobre todo una alianza estructural con el poder constituido, las oligarquias provinciales, los barones del conurbano y algunos grandes empresarios tradicionales, a todos los cuales habia denunciado en su "primer minuto" o "periodo corto" inicial. Con esa derecha institucional, no corresponde ni conviene aliarse: es la que luego traiciona y fagocita al aliado].

Pero voy a lo que mas me importa, a lo que AG sobre/estima, que es la profundidad de los acuerdos entre opositores. AG, como tantos, aparece obstinada, obsesiva, y equivocadamente entusiasmado con lo que denomina la "politica de derechos", una politica esencialmente liberal/institucionalista/progresista, que AG fundamentalmente asocia con el gobierno anterior (pero esto ultimo no importa ahora). Quisiera clarificar algunos muy gruesos malentendidos relacionados con el tema (al modo en que el y muchos se aproximan al tema) de los derechos -malentendidos que emergen, supongo, de la poca familiaridad con el derecho, pero que en cualquier caso, y cualesquiera sus causas, son ahora muy relevantes.

Para empezar: quue yo sepa, derechos como los de propiedad, contratos, libre comercio, se encuentran en la Constitucion, y valen tanto como todos los demas derechos. Para quienes nos situamos a la izquierda del espectro politico, estos derechos son menos importantes, o tal vez ni siquiera derechos (Rawls, por ejemplo, desplaza por completo la importancia del derecho de propiedad, en su estudio sobre las teorias de la justicia). Pero desde todo punto de vista -legal constitucional, positivo- tales derechos son derechos, y un macrista podria jactarse de ello, y reclamar que el suyo es un gobierno que procura ante todo la defensa de los derechos (esta defensa de los derechos podria ser considerada sesgada, tramposa e incompleta, como otras defensas como las que enseguida menciono, pero es una defensa de los derechos con pleno respaldo en el constitucionalismo regional).

A partir de lo dicho hasta aqui, simplemente, el defensor de la idea de la "politica de derechos" deberia corregir su aproximacion, o refirnarla. Podria decir ahora: "en realidad no me refiero a los derechos liberales clasicos, sino a los derechos sociales, economicos, etc." Bueno, si la idea fuera esta, seguiriamos en problemas. Pongamos que en verdad, cuando hablamos de politicas de derechos, solo queremos referirnos a los derechos sociales o de segunda generacion, o mas estrictamente a los que la Constitucion argentina concentra en el art. 14 bis. En que sentido podriamos decir que lo que tuvimos se parecio en algo al gobierno de los derechos (entendido ahora en este modo mas estricto y algo extranio)?

Es dificil pensar en el tiempo pasado como vinculado con la realizacion de (cito al 14 bis) la "participacion en las ganancias de las empresas, con control de la produccion y colaboracion en la direccion," o con la "organizacion sindical libre y democratica", como es dificil asociar al gobierno anterior con la lista estricta de derechos del 14bis, que incluye tambien a la idea de "jubilaciones y pensiones moviles" (es dificil hablar de politicas de derechos en este sentido estrecho, en relacion con el gobierno que rechazo Badaro, obligo a los jubilados a litigar por sus aumentos, e intento crear una tercera instancia para imposibilitarles el cobro, apostando a su fallecimiento antes que al pago de lo que les correspondia a los jubilados). 

AG nos urge a prestar atencion al cambio "cualitativo" que ha habido en materia de politica de derechos. Pero: es esto así, aún si nos limitamos a hablar, ya no de los derechos sociales en general, sino a alguno de esos derechos sociales en particular? Si cuando hablabamos de derechos hablabamos fundamentalmente de cosas como la AUH (que habria que repensar en terminos de derechos), nos encontramos con que este gobierno paga tantas o mas AUH que el gobierno anterior: Podriamos afirmar que este gobierno es mas protector de derechos que el anterior? Diríamos eso?

Pensemos, entonces, que no hablamos de los derechos de primera generacion, ni de los de segunda -de los derechos sociales- ni de los derechos sociales en sentido estrechisimo (la AUH) sino de los derechos de tercera generacion, es decir, los "ultimos" o "mas modernos" (odio esta clasificacion, pero la uso para facilitar la discusion). Podriamos pensar entonces que el gobierno anterior, o el actual, se destacan por la politica de respaldo a la cuestion ambiental (el centro de los derechos de tercera generacion)? O deberiamos decir que todo lo contrario? Cual es el vinculo entre las politicas de fracking y el medio ambiente? Una contradiccion absoluta, por supuesto. 

Sera que entonces, cuando nos hablan de "politicas de derechos" nos hablan del otro "cuerno fundamental" de los derechos de tercera generacion, esto es, de los derechos indigenas? Bueno, parece clarisimo que esto no puede ser asi. El gobierno anterior resulto pesimo en materia de politicas indigenas: fue tan represivo y expropiador como la mayoria de los anteriores (aunque menos que el actual? Supongo que asi sera, aunque en los numeros, por una cuestion de tiempo, todavia no lo sea).

Sera, finalmente, que cuando hablamos de "politicas de derechos", no hablamos, sobre todo, de derechos liberales clasicos, ni de los derechos sociales en sentido amplio ni estricto, ni de los derechos ambientales e indigenas -de tercera generacion- sino que hablamos fundamentalmente de derechos humanos? Tampoco, ya que tales derechos implican derechos que el gobierno anterior no descuido sino que combatio de modo muy regresivo (solo para empezar, piensese en las politicas de salud reproductiva, piensese en el derecho a no ser torturado y los records negativos en materia de tortura en la carcel, numero de encarcelados, etc.).

Entonces: de que se nos habla cuando se nos habla de abordar una actitud defensiva en materia de "politica de derechos"? Creo que quienes nos hablan del tema, habitualmente, se equivocan gruesamente, por partir de malentendidos graves en la materia. Ellos parecen estar pensando, entonces, en unos pocos derechos -los que prefieren o han recibido mayor propaganda -algunos derechos, seleccionados como las cerezas, muy poquitos, en apariencia protegidos en los ultimos anios (pongamos, los que podemos asociar con el matrimonio igualitario, o el juzgamiento de los crimenes de lesa humanidad). Si fuera este el sentido de la idea de derechos, entonces, estariamos ignorando los muchos derechos que fueron descuidados (muchos de los derechos sociales incluidos en el 14 bis), los muchos derechos que fueron combatidos (salud reproductiva, derechos de los presos), los muchos derechos que fueron retomados selectivamente (afirmando algunos y destruyendo otros, como en politicas de libertad de prensa -donde los avances de la ley de medios fueron aplastados por los retrocesos generados en la aplicacion de esa ley de medios, en particular en contra de "el tercio olvidado"), o los muchos derechos que este gobierno podria decir que resguarda mejor que el gobierno anterior (los derechos liberales clasicos, en algunos casos). 

Frente a autores como AG, entonces, pediria dos cosas. Primero, pediria clarificar que es lo queremos decir por politica de derechos, y cuales de tales derechos nos interesan, y de que modo. De lo contrario, la idea de proteger los derechos conquistados y luchar por los otros pierde sentido (supongo que no se nos pide luchar por el derecho de propiedad, y no se en que sentido se nos pide luchar por la libertad de prensa, por ejemplo). Ello, para no asumir que caminamos sobre un territorio comun cuando hablamos de derechos: disentimos profundamente sobre cuales son esos derechos, cual es su contenido, cuales sus limites, cuales nos interesan, cuales privilegiamos en casos de conflictos, etc. Segundo, pediria recordar que, junto y por encima de la politica de derechos, necesitamos reafirmar una politica democratica que incluye la democratizacion de la politica y de la economia (puntos en relacion con los cuales autores como AG flaquean, en su simpatia por los liderazgos fuertes y su resignacion capitalista). Todo ello, para salir de la confusión en que se nos mete, y poder pensar entonces, si, en una política de alianzas que tenga sentido y valga la pena.

21 ene. 2018

Cuando el clima destituyente importaba


Del documento fundacional de Carta Abierta, cuando los comentarios destituyentes eran considerados escandalosos:
"(En los últimos tiempos han aparecido) cuestionamientos hacia el derecho y el poder político constitucional que tiene el gobierno... para efectivizar sus programas de acción, a...meses de ser elegido por la mayoría de la sociedad. Un clima destituyente se ha instalado, que ha sido considerado con la categoría de golpismo. No, quizás, en el sentido más clásico del aliento a alguna forma más o menos violenta de interrupción del orden institucional. Pero no hay duda de que muchos de los argumentos que se oyeron en estas semanas tienen parecidos ostensibles con los que en el pasado justificaron ese tipo de intervenciones, y sobre todo un muy reconocible desprecio por la legitimidad gubernamental."

Zaffaroni 6 a 1


Del muy notable reportaje al juez de la Corte IDH, Zaffaroni, llaman la atención muchas cosas, y con razón ya se ha dicho mucho sobre sus afirmaciones destituyentes (es increíble que Carta Abierta naciera en torno a dicho concepto, y hoy se conviva felizmente con este tipo de declaraciones diarias, provenientes de aquellas mismas fuentes). El reportaje, acá
http://radiocaput.com/2018/01/18/cuidado-con-el-colapso-final-los-muertos-siempre-los-ponemos-nosotros/
En lo personal, me sorprendió esta declaración, sobre el por que de su renuncia a la Corte Suprema argentina, a sus 75 años:
"Yo estaba muy cansado de perder seis a uno. A nadie le gusta. Una goleada está bien, pero todos los días, no."
Me sorprende ese testimonio, sobre todo, a la luz del hecho de que Zaffaroni fuera el juez que más votó con Lorenzetti, y muy pocas veces aisladamente. Mas importante todavía, es el juez que más votó con la mayoría, en el 92,55 por ciento de los casos. Quiero decir, la idea de su habitual derrota por goleada 6 a 1 es insólita. Por qué mentir de este modo? Qué necesidad?

Sudáfrica, Colombia, Argentina

Las declaraciones de Massot son desafortunadas, al tomar el digno ejemplo de Sudáfrica -país que, como Colombia, explorara alternativas menos punitivistas frente a los crímenes atroces y masivos- vaciándolo de sentido. Sudáfrica no fue reconciliación como sí nada hubiera pasado, o como si simplemente hubiera llegado la hora del olvido. Tragedias semejantes pueden ser procesadas de modo diferente (y de modo diferente que en la Argentina) pero no merecen ser transitadas bajo el paradigma de la impunidad y el desconocimiento de la gravedad de lo ocurrido. 

20 ene. 2018

En pie de igualdad. Corte IDH y LGBT

https://www.pagina12.com.ar/89812-en-pie-de-igualdad
En el suplemento SOY de P12, brevisimo comentario sobre el reciente fallo de la CorteIDH sobre 
diversidad sexual y de género


Por Roberto Gargarella

La opinión de la Corte IDH es muy importante, sobre todo si la sabemos tomar ciertos recaudos. 
Digo importante a la luz de décadas de gobiernos en la región que, a veces con retóricas desafiantes, a
veces con prácticas decididamente machistas y homofóbicas, no han sabido dar debido lugar a las 
minorías sexuales, ni han sabido desarrollar políticas de salud reproductivas decentes. El fallo muestra 
un contenido inclusivo, afirma una mirada igualitaria más interesante que la habitual en nuestros 
tribunales, se compromete con derechos que afirma con pretensión de estabilidad. Lo hace con un 
buen respaldo en la jurisprudencia regional, diálogo permanente con el Tribunal Europeo de DD HH, y 
on un reconocimiento del debido margen de discrecionalidad que merece dejarse a los Estados miembros, en 
estos asuntos. Hablo de debidos recaudos dado que los derechos fundamentales de las personas no 
deben considerarse dependientes del reconocimiento de las autoridades políticas o judiciales de algún país 
o región. Los derechos fundamentales nos corresponden con independencia de las opiniones coyunturales de 
tal o cual autoridad. Solemos reaccionar frente a decisiones de este tipo, como si ellas implicaran la 
emergencia de derechos antes inexistentes. Más todavía, diría que, así como los tribunales nacionales 
no deben ser considerados la última, ni la primera, ni la exclusiva fuente de autoridad respecto de los 
derechos que nos debemos, o las políticas que corresponde seguir, mucho menos los tribunales
 internacionales deben ser considerados la fuente máxima o última de la interpretación de nuestros
 acuerdos básicos. Nuestros acuerdos básicos deben estar sujetos a una interpretación colectiva, que nos 
involucra cotidianamente a todos, y es importante insistir sobre ese punto, en lugar de tornar a nuestros 
derechos dependientes de lo que alguna autoridad eventual diga al respecto. La opinión de los tribunales, 
y en particular de los tribunales internacionales, resulta crucial, en tanto participación en la conversación 
colectiva sobre nuestros pactos fundamentales. 
Pero esa crucial intervención no debe ser consideradas la única, la última o la decisiva. En el diálogo permanente
sobre el alcance y contenido de nuestros derechos, debemos seguir interviniendo todos, desde lugares 
diferentes, y en pie de igualdad.

11 ene. 2018

La protesta contra el gobierno, 2

Algunos economistas replican el texto anteriormente posteado, diciendo que uno no comprende que los derechos se satisfacen con dinero, y por tanto son dependientes de la economia. Por supuesto, el punto lo comprendo (publicamos en nuestra coleccion de S21 un libro de Sunstein/Holmes sobre el tema /El costo de los derechos). Claro que todos los derechos cuestan. Pero, a diferencia de lo que piensan los economistas, ellos deben asegurarse prioritaria e incondicionalmente. La libertad de expresion no puede restringirse alegando falta de recursos, el respeto a la integridad corporal no debe depender del dinero, pero lo mismo el acceso a los tribunales o a la politica. Mal que les pese a algunos economistas, una eleccion no puede dejar de celebrarse alegando falta de dinero, ni cerrarse una de las dos camaras, como algunos economistas han propuesto, por razones presupuestarias. Mas todavia, y tal vez lo mas importante: los planes economicos deben organizarse en torno a la satisfaccion plena /la maxima posible/ de los derechos. Hoy, es al reves: mejoramos la economia y luego vemos que pasa con los derechos. Como si el orden economico tuviera prioridad, y pudiera ser pensado con independencia de los derechos comprometidos. El rumbo economico debe escogerse conforme a cual es la manera de garantizar plena ciudadania para todos, hoy, no en anios, ni despues de que los mas favorecidos esten conformes y derramando sobras. Insisto: los derechos basicos /saludos, educacion, seguridad, alimentacion/ deben garantizarse ya para todos, prioritaria e incondicionalmente.

La protesta contra el gobierno

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Publicado en LN, aca

Lo que ocurrió cuando el Congreso buscaba aprobar la reforma a la ley previsional, reafirma que nuestra reflexión sobre la protesta social sigue siendo deficitaria. Conviene subrayar el valor especial que tiene, para el constitucionalismo, la protesta en las calles. En un contexto donde la organización sindical perdía fuerzas, crecía el desempleo sin reaseguros para los que caían en él, y se desconocían derechos sociales básicos, la protesta comenzó a presentarse como una ayuda indispensable, que merecía ser resguardada antes que impedida. En situaciones de deterioro social grave, el derecho a protestar contribuye a mantener firme toda la estructura de derechos, por lo que puede ser considerado "el primer derecho", el "derecho de los derechos".

El valor que tiene la protesta para el constitucionalismo se refuerza cuando advertimos la conexión que existe entre ella y la democracia. Para el profesor Owen Fiss, la protesta en las calles aparece como un "suplemento electoral" indispensable, particularmente en situaciones de debilidad institucional como la que caracteriza a nuestros países. Cuando la mayoría de los canales institucionales existentes aparecen obturados y se torna difícil criticar y sancionar a los representantes, tanto como reorientar sus acciones, la protesta pasa a cumplir un papel democrático crucial.

La protesta puede ser ejercida en desafío al derecho (cortando calles), y puede venir acompañada de actos graves (un uso indebido de la violencia). En tales casos, resulta un error tanto pensar a la protesta con independencia de su valor constitucional y democrático como hacerlo asumiendo que la misma es inmune a toda queja o reproche por parte del Estado.

Hay violaciones de derecho que el derecho tolera por las condiciones de padecimiento extremo de quienes las cometen (el hurto famélico); hay agravios jurídicos que pueden justificarse o excusarse (responder a una agresión en legítima defensa); hay faltas que pueden ser reprochadas de modo más débil que lo habitual, en razón de las circunstancias en que se han producido (agresión en situación de emoción violenta); hay "excesos" en el ejercicio de un derecho que la jurisprudencia recepta, en pos del mayor resguardo de otros derechos (críticas que ofenden el honor de un funcionario público). A muchos nos interesó hacer consistentes tales criterios en nuestras referencias a la protesta. Ello, frente a quienes leían la protesta en términos de "violación de derechos"; describían aun los "escraches" más moderados como "actos nazis", y concebían el debate democrático como una conversación elegante entre caballeros.

A muchos nos interesó dejar en claro el aporte que la protesta puede hacer al constitucionalismo y a la democracia, en vista de otro "detalle" central referido a la responsabilidad del Estado en los agravios que la protesta comúnmente denuncia. En efecto, el Estado puede y suele ser responsable de la violación de derechos que él mismo se ha comprometido a asegurar, en la primera y más importante promesa que nos hace a todos en tanto ciudadanos -la Constitución-. Del mismo modo, el Estado puede y suele ser responsable por el cierre de los canales institucionales a través de los cuales los ciudadanos pueden decidir sobre los asuntos que más les importan, y/o responsabilizar a sus representantes en los comunes casos en que ellos no reaccionen frente a sus justos reclamos. Tales faltas estatales en materia constitucional y democrática se hacen presente en este asunto de modos múltiples. Por un lado, los fallos graves del Estado socavan su autoridad para reprochar a los ciudadanos que también incumplen con sus deberes. En efecto, ¿cómo puede levantar el dedo acusador contra los agitadores que violan derechos, quien es el primer responsable de violar los derechos que esos agitadores reclaman? Por otro lado, la jurisprudencia ha sabido atenuar las cargas contra aquellos que violan ciertos derechos (pongamos, generan ruidos molestos, ensucian las calles, interrumpen el tránsito, bloquean el acceso a los tribunales, etcétera), al reconocer que ciertos recursos anti o extrainstitucionales (bloquear la entrada de los tribunales) pueden representar un medio extremo, pero necesario para impugnar al Estado, cuando el mismo obstruye la atención y remedio de tales quejas (por los altos costos -de todo tipo- que impone para el acceso de los más débiles a los tribunales, etcétera). Finalmente -y lo que también resulta fundamental, a la luz de los sucesos políticos recientes- debe anotarse que las faltas del Estado en la protección de derechos nunca son equiparables a faltas en apariencia simétricas cometidas por la ciudadanía (la violencia desbordada del Estado frente a la de los ciudadanos). El poder extraordinario (económico, coercitivo) con que cuenta el Estado requiere de controles y cuidados extraordinarios, y -por ello también- exige la asunción de responsabilidades también extraordinarias por parte de las autoridades que se extralimitaron en el uso de los medios bajo su custodia.

Todo lo anterior puede y suele ser cierto, pero nada de ello implica que quienes, en repudio o crítica al Estado, violan derechos de un modo grave, tengan "carta blanca" para hacerlo o no merezcan ser responsabilizados porque actúan "en situación de protesta". En una república democrática, los bienes comunes no pueden ser tratados como si no fueran compartidos -y por tanto susceptibles de ser arrasados sin más-, y los opositores o críticos -periodistas, políticos o agentes de seguridad, da lo mismo- no pueden ser privados de humanidad y, por tanto, agredidos, apedreados o heridos como si no les correspondiera el mismo respeto que, por serlo, todo ser humano merece.

Me temo, de todos modos, que la misma lógica de "la guerra" que recorre toda la historia argentina, y que el "Nunca Más" parecía haber disuelto, se encuentra presente hoy. Buena parte de esa misma comunidad que pudo protestar exitosamente, todos los días, con convicción y en paz frente a los responsables de los peores crímenes, hace años que se siente autorizada a humillar, moler a golpes o escupir en público junto a sus hijos a los que no piensan como ellos -siempre, por supuesto, en nombre de la justicia-. Que quienes lo provocan con violencia deban asumir su responsabilidad no debería darle confort al Gobierno. El Gobierno debe asegurar los derechos de todos, incondicionalmente, pero cree que puede tornarlos dependientes del crecimiento económico; él debe afirmar su autoridad siendo y pareciendo justo, pero en cambio -imperdonablemente- sobreactúa su autoridad a los tiros, como si se tratara de un juego; él debe dar señales indudables de que su prioridad son los más débiles, pero sistemáticamente da la impresión de que responde a las presiones de los poderosos. La democracia y la Constitución, desde hace décadas, están pidiendo otra cosa.


5 ene. 2018

Sagues sobre la protesta


Este artículo de Sagues, http://www.lanacion.com.ar/2097049-no-legitimar-el-derecho-a-la-agresion, es  un compendio de todo lo que siempre tratamos de desafiar, desde el constitucionalismo, en torno a cómo pensar  el derecho a la protesta. Argumentando de un modo muy común en el derecho más tradicional  (que no el más interesante) de la región, el artículo la emprende con la peor versión imaginable  de la postura contraria, ridiculiza  a sus adversarios, describe a la militancia política en términos innecesariamente ofensivos, y descalifica a los "juristas" (entrecomilla el término) como uno (supongo se refiere a mii o a quienes piensan como yo), que entienden que hay valores a resguardar en protestas como las que se han venido dando en nuestro país. Para él, esos juristas entre comillas corrompen, trituran y destrozan al derecho, nada menos (así lo dice). La versión que da Sagues de la protesta es paupérrima. La asimila con la violencia y el piquete, asume que es connatural  a ese tipo de protestas el "destruir el vehículo" de quien quiere pasar, "moler a golpes" al que pasa, "frenar la ambulancia" que avanza con el moribundo...una mirada reiterada, vieja, pobre, desinformada, cargada de prejuicios, equivocada. Para colmo, entiende que la defensa de la protesta -violenta- consiste en asimilarla a la expresión (obviando que la protesta suele combinar una diversidad de derechos, incluyendo el de manifestarse, peticionar frente al gobierno, responsabilizar a las autoridades, etc). Sagues obvia también que la expresión es importante no solamente en sí misma, sino, sobre todo, como vehículo de denuncia acerca de la violación de otros derechos constitucionales (derechos sociales y económicos, típicamente). Sagues olvida, sobre todo, que muchos de nosotros no hicimos nunca una defensa ciega y cerrada de la protesta, sino que tratamos de mostrar que en ocasiones se justificaba, en otras generaba faltas excusables, en otras incorporaba inconductas que podían responderse de modo menos severo. Es decir, la defensa nunca fue por el "todo vale", sino un esfuerzo por dejar en claro que el tema no merecía ser trivializado, como ocurre en el caso bajo examen. Sagúes descuida, también el papel principal que tiene el Estado en la afectación de derechos constitucionales y que implica, otra vez, no la justificación de cualquier acción en contra del Estado, por las graves faltas cometidas, sino una asignación primera de responsabilidades y deberes sobre los funcionarios estatales. Pero en fin, nada importa, todo da lo mismo, cualquier cosa vale. Curioso: las mismas razones que lo llevan a descalificar livianamente a la protesta -ese cualunquismo- es el que se aplica sobre el artículo. 

31 dic. 2017

30 dic. 2017

No al indulto a Fujimori

http://democraciaglobal.org/3225-2/


¡No al indulto y el pacto de impunidad y corrupción! ¡Solidaridad con la lucha por la democracia y la justicia del pueblo peruano!

29/12/2017/por Tejiendo Saberes - PDTG
Hacemos de conocimiento a la comunidad internacional nuestro más profundo y enérgico rechazo al indulto por razones humanitarias dado por el Presidente Pedro Pablo Kuczinsky, el 24 de diciembre, al ex dictador peruano Alberto Fujimori en el contexto de pedido de vacancia presidencial promovida por la mayoría fujimorista en el parlamento de Perú.

Entendemos que la vacancia ha sido promovida como parte de una estrategia golpista del fujimorismo que busca hacerse del poder y copar las instituciones del Estado (Tribunal Constitucional, Consejo Nacional de la Magistratura, Fiscalía de la Nación y Corte Suprema) ante sus iniciativas de investigar y sancionar diversos casos de corrupción que involucran a la excandidata presidencial Keiko Fujimori y su partido político, como a gran parte de las élites políticas peruanas, incluyendo el expresidente Alan García Pérez y el presidente actual Pedro Pablo Kuczinsky.

En tal sentido, denunciamos que el indulto sella un acuerdo de impunidad entre el Fujimorismo y el gobierno peruano, que busca encubrir los casos de corrupción, enriquecimiento ilícito y de violaciones de derechos humanos de las últimas décadas. Denunciamos serios vicios en el procedimiento y la decisión de otorgamiento del indulto humanitario. En tal sentido señalar:

1. Alberto Fujimori fue sentenciado a 25 años de prisión por secuestro agravado (a periodista Gustavo Gorriti y empresario Samuel Dyer) y por crímenes de lesa humanidad (caso Cantuta, asesinato de 9 estudiantes universitarios y un catedrático y caso Barrios Altos, asesinato de 15 personas). De acuerdo a legislación peruana no procede el indulto en casos de secuestro agravado. De igual modo, la CIDH ha establecido que no proceden ni amnistía ni indulto para casos de graves violaciones a derechos humanos.

2. En Perú solo aplica el indulto por razones humanitarias a sentenciados que tienen enfermedades terminales; o que no siendo terminales se encuentran muy avanzadas o son incurables; o cuando las condiciones penitenciarias pongan en grave riesgo la vida y salud del sentenciado. No es el caso, pues Fujimori goza de salud estable y atención medica permanente y sus condiciones carcelarias son óptimas, además de únicas (que otros presos no poseen).

3. La CIDH estableció que para el caso la Cantuta, de progresar un pedido de indulto los familiares debían ser informados previamente para poder designar un médico en la junta médica evaluadora. Esto no ha sido respetado.

4. Fujimori, además, fue sentenciado –y cumplió sus condenas- a 7 años por peculado (entrega ilegal de 15 millones de dólares de las arcas nacionales a su ex asesor Vladimiro Montesinos); a 6 años por delitos de corrupción, espionaje telefónico, compra de congresistas tránsfugas y línea editorial de medios; y a 8 años por desviar fondos de Fuerzas Armadas y Servicio de Inteligencia Nacional para financiar ‘diarios chicha’ desde donde se atacó y denigró a opositores.

Por lo dicho, el indulto dado por el presidente Kuczinsky a Fujimori viola la ley y responde única y evidentemente a un pacto infame con el fujimorismo, no solo para mantenerse en el cargo por lo que queda del periodo presidencial, sino para evitar ser investigado por negocios que la empresa de su propiedad realizo con la transnacional Odebrecht cuando era funcionario de Estado beneficiándose económicamente. Llamamos a las instancias nacionales e internacionales correspodientes de revertir esta decisión nefasta. Particularmente, hacemos votos para que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el proceso de supervisión del cumplimiento de la sentencia en los casos Barrios Altos y Cantuta, declare nulo el indulto a Fujimori.

Finalmente, solidarizarnos con el pueblo peruano que lucha hoy en las calles por recuperar el Estado, la democracia y la economía (secuestradas por más de 25 años por élites, mafias y tecnocracias neoliberales) para ponerlas al servicio de las grandes mayorías.

Firman
Jose Nun, Argentina
Alberto Acosta, Ex-presidente de la Asamblea Constituyente, Ecuador
Boaventura de Sousa Santos, Portugal
Arturo Escobar, U. de Carolina del Norte, Chapel Hill, Estados Unidos
Raúl Zibecchi, Uruguay
Verónica Gago, Argentina
Marisol de la Cadena, UC Davis-Anthropology, Estados Unidos
Roberto Gargarella, Argentina
Carlos Pérez Guartambel, CAOI- Ecuarunari
Maristella Svampa, sociologa y escritora, Argentina
Amineh Kakabaveh, Member of the Parliament of Sweden for Swedish Left Party, Suecia
Marco Venegas, Member of the Parliament of Sweden for Swedish Left Party Itza Hernandez Svensson, Chariman of Latinamerikagrupperna, Suecia
Teivo Teivainen, Universidad de Helsinki, Finlandia
Jelke Boesten, King’s College London, Inglaterra
Patricia Oliart, Senior Lecturer in Latin America Studies, Newcastle University, Inglaterra
Paulo Drinot, University College London, Inglaterra
Nikolaj Villumsen, Member of Danish Parliament for The Red Green Alliance, Suecia
Chuck Walker, Professor of History of MacArthur Foundation Endowed Chair in International Human Rights/Director of Hemispheric Institute on the Americas, Estados Unidos
Jo-Marie Burt, George Mason University and Washington Office on Latin America, Estados Unidos
Diana Gómez Correal, profesora Universidad de Los Andes, Colombia
Boaventura Monjane, periodista y activista Mozambiqueño, Centro de Estudios Sociales, Universidad de Coimbra, Portugal
Horacio Tarcus, historiador, CeDInCI / UNSAM, Conicet, Argentina
Oscar Jara Holliday, Costa Rica
Virginia Vargas Valente, Perú
Luis Aguirre, Secretario Ejecutivo OCLAE
Carmen Blanco Valer, vocera sobre asubtos indígenas Partido Iniciativa Feminista -Feministiskt Initiativ
Rosa Elva Zúñiga López, Secretaria General del Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe
Pablo Bergel, Sociólogo, ex diputado de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina
German Rodas Chaves, miembro de la Comisión Nacional Anticorrpución del Ecuador
Rocío Silva Santisteban Manrique, DNI 07822730, Perú
Luciano Concheiro Bórquez, UAM-X, México
Jeannette Escanilla, suplente al Parlamento sueco, Partido de la Izquierda Suecia.
Franck Gaudichaud, Universidad Grenoble Alpes, Francia
Enrique Viale, Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas
Marcela Bobatto, Movimiento para la salud de los Pueblos Latinoamérica (MSP-LA)
Sandra Marín, Movimiento para la salud de los Pueblos Latinoamérica (MSP-LA)
Helbert Choachi, Docente y Secretario General de la Universidad Pedagógica Nacional, Colombia.
Rafael González, Asociación Latinoamericana de Medicina Social, ALAMES
Salvador Schavelzon, Brasil
Rogério Haesbaert, geógrafo Universidad Federal Fluminense, Brasil
Catalina Toro, Colombia
Xochitl Leyva Solano, Chiapas, México,
Maria Angelica Pease Dreibelbis DNI 07879967, Perú
Juan Carlos Ruiz Molleda DNI 07749253, Perú
Carlos Monge Salgado DNI 08769644, Perú
Emiliano Teran Mantovani, Observatorio de Ecología Política de Venezuela-Universidad Central de Venezuela, Venezuela
Mario Blaser, Canada Research Chair in Aboriginal Studies, Canadá
Fabiana Li, Associate Professor, Department of Anthropology, Universidad de Manitoba, Canadá
Gerardo Renique Caycho, City University of New York, Estados Unidos
Deborah Poole, Professor Johns Hopkins University, Estados Unidos
Bruce Mannheim, Professor of Anthropology University of Michigan, Estados Unidos
José Antonio Lucero, Chair, Latin American and Caribbean Studies, Universidad de Washigton, Estados Unidos
Ulrik Kohl, Councilor, City of Copenhagen for The Red Green Alliance, Suecia
Lasse P.N. Olsen, Councilor, City of Aalborg for The Red Green Alliance, Suecia
Raphael Hoetmer, Institute for Social Studies, the Netherlands
Vilma Almendra, Pueblos en Camino, Colombia
Manuel Rozental, Pueblos en Camino, Colombia
Alejandra Santillana Ortiz, Instituto de Estudios Ecuatorianos/Colectiva Feminista Las Lorenzas, Ecuador

Organizaciones
Articulación Feminista Marcosur
Congreso de los Pueblos, Colombia
Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, México
Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe-CEAAL
Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Colombia
Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras por los Derechos Sociales y Ambientales
Iconoclasistas, Argentina
Confluencia de Mujeres para la Accion Pública, Colombia
Asociación de Campesinos y Comunidades Sin Tierra del Cesar, Colombia
Hijos e Hijas por la Memoria y contra la Impunidad (Colombia)
Fuerza Común, Colombia
Corporacion Claretiana Norman Pérez Bello, Colombia
Asociación para la Investigación y Acción Social Nomadesc, Colombia
Poder y Unidad Popular, Colombia
Revista La Siniestra, Colombia
QUIPU, Colectivo por la Memoria Histórica – Arica, Chile
Comunidad Guadalupana, Ecuador
Fundación de Mujeres, Colectivo Político y Movimiento Nacional de Mujeres de Sectpres Populares Luna Creciente
Mujer Dispara Colectiva Audiovisual Feminista Independiente
Partido Feminista de Suecia
Awqa Feminista Colectiva de Feminismo Comunitario
Programa Democracia y Transformación Global PDTG, Perú
Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos -Peru EQUIDAD
Partido Piquetero, Argentina
Movimiento Patriótico Manuel Rodríguez, Chile
Unión Clasista de Trabajadores, Chile
Movimiento Democrático Popular, Chile
Movimiento del Socialismo Allendista, Chile
Entrepueblos
Asamblea Popular por el Agua de Mendoza, Argentina
Grupo de Trabajo de CLACSO ‘Territorialidades en disputa y r-existencia’
Centro de Documentación en Derechos Humanos “Segundo Montes Mozo S.J.”, integrante de la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD)
Pueblo Crítico, Puerto Rico
Universidad Intercultural de los Pueblos, Colombia
Pueblo y Dignidad, España.
Plataforma Déjame en Paz, Colombia
Congreso de los Pueblos. Europa
Colectiva Feminista Las Lorenzas, Ecuador
Colectivo Feminista Ramonas, Bolivia
Izquierda Anticapitalista Revolucionaría, Chile
Colectivo Parque Las Moscas, Chile
Comunidad Ecuménica Martin Luther King, Chile
Colectivo Híjar, México

Mas firmas individuales
Miguel Mazzeo, Universidad de Buenos Aires/Universidad Nacional de Lanús. Argentina
Pablo Alabarces, investigador CONICET-Profesor UBA, Argentina
Pablo Ortemberg, CONICET-UNSAM, Argentina
Moira Cristiá, Investigadora asistente CONICET-IIGG, Argentina
Paul Cooney, DNI 95417415, Argentina
Marta Bermudez-Gallegos, Investigadora Superior Universidad Nacional Tres de Febrero Centro de Estudios de Genocidio, Argentina
Ernesto Bohoslavsky, Universidad Nacional de General Sarmiento , Argentina
Claudio Lozano, Argentina
Cora Gamarnik, Docente Universitaria, Argentina
Vanina M. Teglia, Universidad de Buenos Aires CONICET, Argentina
Francisco Pazzarelli, Universidad Nacional de Córdoba CONICET, Argentina
Lucila Edelman, médica psiquiatra, Argentina
Carlos Manuel Soto Bardales, estudiante de la Maestría en Literatura Latinoamericana de la Universidad de Buenos Aires, Argentina
Juan Wahren, Argentina

Julieta Montaño Salvatierra, directora Oficina Jurídica para la Mujer de Cochabamba, Bolivia
Suzanne Kruyt, Bolivia
Pavel Lopez F., CIDES-UMSA, Bolivia
Elizabeth Peredo Beltrán, psicóloga y activista, Bolivia

Cheron Zanini Moretti, Brasil.
Marco Chandía Araya, prof. UFPA/ABAETETUBA, Brasil
Lia Pinheiro Barbosa, Universidade Estadual do Ceará, Brasil
Adelaide Gonçalves, historiadora, Brasil
Marcio Goldman, Professor Titular do Programa de Pós-Graduação em Antropologia do Museu Nacional, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brasil

Malely Linares, Colombia
Gustavo Vásquez, Colombia
Diana Ojeda, Instituto Pensar Pontificia Universidad Javeriana, Colombia
Mario Alejandro Pérez Rincón, profesor Universidad del Valle, Colombia
Sandra Rátiva, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla/Congreso de los Pueblos, Colombia

Camila Álvarez Torres,Historiadora, miembro Frente Amplio región de Tarapacá, Chile
Joseph Feldman, profesor de antropología, Pontificia Universidad Católica, Chile
Luis Bustos, integrante del Colectivo Paulo Freire, Chile
Nelly Cubillos, Chile
Olga Espinoza, Universidad de Chile
Fernando Alvear, Sociólogo, estudiante de doctorado en Ciencias Sociales, Universidad de Chile
Barbara Olivares, Psicologa, estudiante de doctorado en Ciencias Sociales, Universidad de Chile
Victor Orellana, Sociólogo, estudiante de doctorado en Ciencias Sociales, Universidad de Chile
Pamela Soto, Psicologa, estudiante de doctorado en Ciencias sociales, Universidad de Chile
Magdalena Guerrero, socióloga, estudiante de doctorado en Ciencias Sociales, Universidad de Chile
William Chávez Alcántara, secretario de Relaciones Internacionales del Partido Perú Libre, Chile
Doris Gonzalez, Ukamau,Chile
Paulina de los Reyes, académica, Chile
Marcelo González Gálvez, Universidad Católica de Chile
Marina Weinberg, Universidad Catolica del Norte, Chile

Armando Fernandez, ecologista, Cuba
Amarilis Pérez, Cuba

Nelson Erazo, presidente nacional del Frente Popular, Ecuador
Enver Aguirre Presidente Nacional Juventud Revolucionaria del Ecuador, Ecuador
Guido Proaño Director Ecuador Libre Red, Ecuador
Jorge Piedra Presidente Nacional de la Federación de Estudiantes Secundarios del Ecuador, Ecuador
Rossana Palacios, presidenta nacional Unión Nacional de Educadores, Ecuador
Cristina Cachaguay, Presidenta Nacional de Mujeres por el Cambio, Ecuador
Andrés Quishpe, Presidente Nacional Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador – FEUE
Mayra Espinosa, Presidenta Nacional (e) Asociación Femenina Universitaria, Ecuador
Francisco Xavier Hurtado Caicedo, Comisión Ecuménica de Derechos Humanos CEDHU, Ecuador
Xavier Alejandro Andocilla Rojas, Vocero del Frente Revolucionario d Izquierda Universitario, Ecuador
Clara Merino, Movimiento de Mujeres de Sectores Populares Luna Creciente, Ecuador
Geovanni Atarihuana, Unidad Popular, Ecuador
Mery Zamora, Unidad Popular, Ecuador
Sebastián Cevallos, Unidad Popular, Ecuador
Ángel Orna, Unidad Popular, Ecuador
Carlos Figueroa, Ecuador
Mario Unda, docente universitario, Ecuador
Pablo Ospina Peralta, docente de la Universidad Andina Simón Bolívar, Ecuador
María Belén Moncayo C., MALCRIADA TOTAL PRODUCCIONES, Ecuador
Stalin Gonzalo Herrera Revelo, Instituto de Estudios Ecuatorianos y Miembro del GT CLACSO Desarrollo Rural: Estudios Críticos , Ecuador
Inti Cartuche Vacacela, nacionalidad kichwa, Ecuador
Paola Maldonado Tobar, desde Ecuador, integrante del GT Territorialidades en disputa, Ecuador
Nelsy Lizarazo, Ecuador
Francisco Muñóz Jaramillo, Ecuador
Christian Arteaga, Ecuador
Erika Arteaga, Ecuador
María Clara Osejo Paez, Ecuador
Doris Pinos, Ecuador
Cristina Burneo Salazar, Ecuador
Antonio Villaruel Oviedo, doctorante UNAM, Ecuador
María Isabel Salvador, Ecuador
Enith Flores Chamba, Ecuador
Pedro Barreiro, Ecuador
Alba Crespo Rubio, Ecuador
Carmen Ortiz Crespo, Ecuador
Ivanova Flores, Presidenta del Consejo Estudiantil, Colegio Luis Vargas Torres, Ecuador
Julio Lastra, Presidente del Consejo Estudiantil, Colegio Roberto Luis Cervantes, Ecuador
Fernanda Quinteros, Presidenta del Consejo Estudiantil, Colegio Margarita Cortez, Ecuador
Anthony Padilla, Presidente del Consejo Estudiantil, Colegio Dr. Luis Prado Viteri, Ecuador
Anthony Loor, Presidente del Consejo Estudiantil, Instituto Luis Tello Johel Ayoví Colegio Nuevos Horizontes, Ecuador
Josthin Fernandez, Presidente del Consejo Estudiantil, Colegio Alfonso Quiñonez, Ecuador
Damaris Charcopa, Presidenta del Consejo Estudiantil, Colegio San Francisco de Asís, Ecuador

Patricia Castillo, Guatemala

Mina Navarro, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México
Alondra Barba, México
Sagrario Lobato Huerta, PHM, México
Beatriz Eugenia Romero Cuevas, Universidad Autónoma de la Ciudad de México, México
Danilo de Assis Clímaco, Doctor en Estudios Latinoamericanos, UNAM, México
Diana María Rodríguez Vértiz, México, Universidad Nacional Autónoma de México
Rubén Matías García, Posgrado de Estudios Latinoamericanos, Universidad Nacional Autónoma de México, México.
Alejandra G. Galicia Martínez, Universidad Nacional Autónoma de México
Sandra Ivette González Ruiz, Universidad Nacional Autónoma de México
Sara Lua González Forster, Universidad Nacional Autónoma de México
Maria Fernanda Uribe Cruz, estudiante, México
Ariel Leyva, estudiante de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, México
Bisharú Bernal Medel, doctorado en Estudios latinoamericanos, Universidad Nacional Autónoma de México
Alessandro Peregalli, doctorando, Universidad Nacional Autónoma de México
Elsa Guzmán Gómez, México
Patricia Viera Bravo, Universidad Nacional Autónoma de México, México
Gabriel Medina Carrasco, Dr. Ciencias Sociales, Universidad Autónoma Ciudad de México
Gladys Alfaro, México
Gustavo Esteva, Universidad de la Tierra en Oaxaca, México
Mercedes Rodriguez, Universidad Autónoma de la Ciudad de México, México
Beatriz Torres , Universidad Autónoma de la Ciudad de México, México
Sandra Rozental, profesora investigadora, Universidad Autónoma Metropolitana, México.

Enrique Fernández-Maldonado DNI 10269471, Perú
Susana Maribel Ilizarbe Pizarra DNI 10550997, Perú
Lisbeth Ivonne Ramirez Ramires DNI 41381564, Perú
Gabriella Huanay Figueroa DNI 70455233, Perú
Juan Pablo Campana Zegarra DNI06274135, Perú
Elvis Ernesto Mori Macedo DNI40804491, Perú
Glayds Yovana Mamani Choqueza DNI43056615, Perú
Nardiet Torres Lizana DNI40022013, Perú
Franklin Velarde Herz 70436819, Perú
Alex Linares Castillo 40803744, Perú
Orestes Bermúdez Rojas 40497799, Perú
Andrea Flores Zumenlzu 45349708, Perú
Irma Pflucker DNI42612713, Perú
Paúl José Casafranca Buob, D.N.I. 23839206, director ejecutivo de APORVIDHA, Perú
Daniel Mathews Carmelino, DNI 09858954, Perú
María Eugenia Ulfe, docente asociada al Departamento de Ciencias Sociales, Pontificia Universidad Católica del Perú, Perú
Paula Monteverde, Perú
Roxana Crisólogo Correa, DNI 09133929, Perú
Thomas Moore, antropólogo, Perú
Rosario Basurto Carrillo, DNI 08266560, Perú
Selva Sofía Chirif Trapnell, Dni 43090916, Perú
Alberto Chirif, DNI 05342330, Perú
Danilo Quijano Silva, Perú
Iliana Irene Estabridis Rey – Sánchez, DNI 06642655, Perú
Gabriela Sabina Urco Canales, DNI 45887412, Perú
Caroline Sarah Weil, DNA 48928297, Perú
Joel Jabiles-Eskenazi, DNI 42032888, Perú
Abigail Anelsy Salas Moscoso, DNI 73382499, Perú
Paulina Chirif Camino, DNI 10278677, Perú
Martin Scurrah, DNI 48563521, Perú
Lucy Trapnell, DNI 05285897, Perú
Adela Elvira María Reategui Ismodes de Moore, DNI 07639360, Perú
Valeska Ruiz Peña, DNI 41916391, Perú
Rodrigo Sánchez Enríquez, DNI 10430144, Perú
Rodrigo Quijano, DNI 07180206, Perú
Gustavo Sosa García, docente, Perú
Iris Jave, DNI 08396112, Perú
Patricia Ames, DNI 25706394, Perú
Margarita Saona, DNI 08772982, Perú
Renato Pita, DNI 40689377, Perú
Evelyn Noelia Sotomayor Martínez, DNI 43142299, Perú
Ruhuan Huarca Llamoca-Editor, Universidad Nacional de San Agustin, Perú
Cristina Planas Toledo, artista plástica, DNI 09336118, Perú
Alonso Rabí Do Carmo, DNI 08231094, Universidad de Lima, Perú
Olga Rodríguez Ulloa, DNI 41898752, Perú
Andrea Cabel García, DNI 41624669, Perú
Luis Fernando Chueca, DNI 08703717, Perú
Rafael Espinosa Montoya, DNI 08261475, Perú
Virginia Beatrhice Benavides Avendaño, DNI 10507392, Perú
Carolina Ortiz Fernández, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú
Tamia Romero Barrios, DNI 45646069, Perú
Ellyn Adelmann, Perú
Naomi Vass, Perú
Megan Lough, Perú
Camilo Escobar Marín, Perú
Silvana Vargas Winstanley, Pontificia Universidad Católica del Perú, Perú

Marie Martines, feminista independiente, Perú
Javier Felipe Morales Rodríguez, Perú
Javier Fernando Chavez Rivera, Perú

María Noelia Correa García, Las Minervas, Uruguay
Agustín Cano Menoni, docente, Uruguay
María Ana Folle, Uruguay
Marcelo Pérez Udelar, Uruguay
José Enrique Silva, Uruguay
Susana Escudero, Uruguay
Alicia Migliaro González, Uruguay
Romina Cabrera Lasserre, Uruguay

Alexandra Martínez, Venezuela
Paulino Núñez, Contradeudas/CADTM-AYNA, Venezuela
María Suárez Luque, docente de la Universidad Central de Venezuela, Venezuela
Livia Vargas González, profesora universitaria, Venezuela

Ana Isla, Profesora de Sociologia de Brock University, Canadá
Andrea Roman Alfaro, Universidad de Toronto

Jose Ragas, Universidad de Yale, Estados Unidos
Jeffrey W. Rubin, Boston University, Estados Unidos
Claudia A. Arteaga, Assistant Professor, Department of Spanish, Caribbean and Latin American Literatures and Cultures Scripps College, Estados Unidos
Olimpia E. Rosenthal, Profesora Asistente Indiana University, Estados Unidos
Marc Becker, Estados Unidos
Lourdes Hurtado, Departamento de Historia Franklin College, Estados Unidos
Shane Greene, profesor de antropología Universidad de Indiana, Estados Unidos
Caroline Yezer, antropóloga, Research Affiliate, Strassler Center for Holocaust & Genocide Studies, Estados Unidos
Jeffrey L. Gould, Rudy Professor of History Indiana University, Estados Unidos
Isaias Rojas-Perez, Associate Professor of Anthropology of Rutgers-Newark, Estados Unidos
Candy Hurtado Bonilla, Florida Atlantic University, Estados Unidos
Alberto Valdivia Baselli, The Graduate Center, City University of New York, Estados Unidos
Bianca Premo, Associate Professor of History, Florida International University, Estados Unidos
Patrícia Alvate Astacio, Departamento de Antropología-Brandeis University, Estados Unidos
Carlos Aguirre, Universidad de Oregon, Estados Unidos
Thomas Ward, Loyola University Maryland, Estados Unidos
Anita Say Chan, Associate Professor Media & Cinema Studies Department Institute for Communications Research, Universidad de Illinois, Estados Unidos
Carlos Villacorta, Assistant Professor of Spanish, University of Maine, Estados Unidos
Rocío Ferreira, Associate Professor of Spanish, Director of Graduate Programs in Modern Languages, Estados Unidos
Adrián Lerner, Yale University, Estados Unidos
Stefanie Graeter, Center for Latin American Studies of University of Chicago, Estados Unidos
Carlos Piñeyro Nelson, New School, Estados Unidos
Rachel Sarah O’Toole, Associate Professor History Department, University of California, Estados Unidos
Ulises Juan Zevallos Aguilar, Ohio State University, Estados Unidos
Lynn Anne Panepinto, Estados Unidos
Jason Pribilsky, Department of Anthropology, Whitman College, Estados Unidos
Emily Yates-Doerr, Estados Unidos
Ana Varela Tafur, Universidad de California, Estados Unidos
Marcial Godoy-Anativia, Hemispheric Institute of Performance and Politics, New York University, Estados Unidos
Richard Kernaghan, antropólogo, Estados Unidos

Carles Feixa Pàmpols, Professor of Social Anthropology/Department of Communication, Universidad de Barcelona, Cataluña
Montserrat Iniesta Gonzàlez, Antropóloga y museóloga, Ajuntament de Barcelona, Cataluña
Lola Cubells Aguilar, Investigadora y Activista en Derechos de los Pueblos Indígenas, España

Ruth Goldstein, Head Tutor and Lecturer Warren House, Reino Unido
Martin Savransky, Lecturer | Department of Sociology, Universidad de Londres, Reino Unido
Larry Lohmann, The Corner House, Reino Unido
Sarah Sexton, The Corner House, Reino Unido
Nick Hildyard, The Corner House, Reino Unido
Diego Madueño, estudiante de posgrado en la Universidad de York, Reino Unido

Jaime Gomez, vocero en Asuntos de Politica Exterior del Partido Iniciativa Feminista, Suecia
Sissela Nordling Blanco, Política del Partido Feminista en Municipio de Estocolmo, Suecia
Solveig Hejl, member of the Latin American committee of The Red Green Alliance, Suecia
Julie Wetterslev member of the Latin American committee of The Red Green Alliance, Suecia
Flavia Oregon, member of the Latin American committee of The Red Green Alliance, Suecia
Gladys Aranibar, Presidenta del Comité de DD.HH. Perú en Suecia (Perú kommittén för Mänskliga Rättigheter) y miembro de la Plataforma Europa Perú – PEP, Suecia
Itza Orozco, presidenta de Solidaridad Suecia America Latina, Suecia
Alejandra Gomez Lozano, miembr@ de la Dirección Nacional del Partido Iniciativa Feminista, Suecia
Joanna Castro, antropóloga social, candidata al parlamento en Suecia por el Partido de Izquierda, Suecia
Blanca-Lilia Lozano, activista por la democracia, Suecia
Magrith Mena Portocarrero, Estudiante de la Maestría de Estudios Sociales de Género, Universidad de Lund, Suecia
Håkan Blomqvist, Associated professor in History, Södertörn University, Suecia
Diana Mulinari. Profesora Departamento de Género, Universidad de Lund, Suecia.
Alejandro González, Doctor en Filosofía, Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Estocolmo, Suecia
Elsie Ralson, Suecia
Ruben Quiñonez, Suecia
Mercedes Rosales Suecia

Carla Mariani, integrante Rede Italiana Colombia Vive!onlus, militante por la Justicia y los Derechos Humanos, Italia
Francesco Cecchini, escritor, Italia
Elisa Patrizia Frediani, Profesora Lucca, Italia
CarovaneMigranti, Italia
Gianfranco Crua, Italia
Patrizia Peinetti, Italia
Giovanna Minardi, Universidad de Palermo, Italia

Valérie Robin Azevedo, Faculté Sciences Humaines et Sociales-Université Paris Descartes, Francia

Mina Petra Baginova. Eslovakia