11 ene. 2018

La protesta contra el gobierno, 2

Algunos economistas replican el texto anteriormente posteado, diciendo que uno no comprende que los derechos se satisfacen con dinero, y por tanto son dependientes de la economia. Por supuesto, el punto lo comprendo (publicamos en nuestra coleccion de S21 un libro de Sunstein/Holmes sobre el tema /El costo de los derechos). Claro que todos los derechos cuestan. Pero, a diferencia de lo que piensan los economistas, ellos deben asegurarse prioritaria e incondicionalmente. La libertad de expresion no puede restringirse alegando falta de recursos, el respeto a la integridad corporal no debe depender del dinero, pero lo mismo el acceso a los tribunales o a la politica. Mal que les pese a algunos economistas, una eleccion no puede dejar de celebrarse alegando falta de dinero, ni cerrarse una de las dos camaras, como algunos economistas han propuesto, por razones presupuestarias. Mas todavia, y tal vez lo mas importante: los planes economicos deben organizarse en torno a la satisfaccion plena /la maxima posible/ de los derechos. Hoy, es al reves: mejoramos la economia y luego vemos que pasa con los derechos. Como si el orden economico tuviera prioridad, y pudiera ser pensado con independencia de los derechos comprometidos. El rumbo economico debe escogerse conforme a cual es la manera de garantizar plena ciudadania para todos, hoy, no en anios, ni despues de que los mas favorecidos esten conformes y derramando sobras. Insisto: los derechos basicos /saludos, educacion, seguridad, alimentacion/ deben garantizarse ya para todos, prioritaria e incondicionalmente.

La protesta contra el gobierno

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Publicado en LN, aca

Lo que ocurrió cuando el Congreso buscaba aprobar la reforma a la ley previsional, reafirma que nuestra reflexión sobre la protesta social sigue siendo deficitaria. Conviene subrayar el valor especial que tiene, para el constitucionalismo, la protesta en las calles. En un contexto donde la organización sindical perdía fuerzas, crecía el desempleo sin reaseguros para los que caían en él, y se desconocían derechos sociales básicos, la protesta comenzó a presentarse como una ayuda indispensable, que merecía ser resguardada antes que impedida. En situaciones de deterioro social grave, el derecho a protestar contribuye a mantener firme toda la estructura de derechos, por lo que puede ser considerado "el primer derecho", el "derecho de los derechos".

El valor que tiene la protesta para el constitucionalismo se refuerza cuando advertimos la conexión que existe entre ella y la democracia. Para el profesor Owen Fiss, la protesta en las calles aparece como un "suplemento electoral" indispensable, particularmente en situaciones de debilidad institucional como la que caracteriza a nuestros países. Cuando la mayoría de los canales institucionales existentes aparecen obturados y se torna difícil criticar y sancionar a los representantes, tanto como reorientar sus acciones, la protesta pasa a cumplir un papel democrático crucial.

La protesta puede ser ejercida en desafío al derecho (cortando calles), y puede venir acompañada de actos graves (un uso indebido de la violencia). En tales casos, resulta un error tanto pensar a la protesta con independencia de su valor constitucional y democrático como hacerlo asumiendo que la misma es inmune a toda queja o reproche por parte del Estado.

Hay violaciones de derecho que el derecho tolera por las condiciones de padecimiento extremo de quienes las cometen (el hurto famélico); hay agravios jurídicos que pueden justificarse o excusarse (responder a una agresión en legítima defensa); hay faltas que pueden ser reprochadas de modo más débil que lo habitual, en razón de las circunstancias en que se han producido (agresión en situación de emoción violenta); hay "excesos" en el ejercicio de un derecho que la jurisprudencia recepta, en pos del mayor resguardo de otros derechos (críticas que ofenden el honor de un funcionario público). A muchos nos interesó hacer consistentes tales criterios en nuestras referencias a la protesta. Ello, frente a quienes leían la protesta en términos de "violación de derechos"; describían aun los "escraches" más moderados como "actos nazis", y concebían el debate democrático como una conversación elegante entre caballeros.

A muchos nos interesó dejar en claro el aporte que la protesta puede hacer al constitucionalismo y a la democracia, en vista de otro "detalle" central referido a la responsabilidad del Estado en los agravios que la protesta comúnmente denuncia. En efecto, el Estado puede y suele ser responsable de la violación de derechos que él mismo se ha comprometido a asegurar, en la primera y más importante promesa que nos hace a todos en tanto ciudadanos -la Constitución-. Del mismo modo, el Estado puede y suele ser responsable por el cierre de los canales institucionales a través de los cuales los ciudadanos pueden decidir sobre los asuntos que más les importan, y/o responsabilizar a sus representantes en los comunes casos en que ellos no reaccionen frente a sus justos reclamos. Tales faltas estatales en materia constitucional y democrática se hacen presente en este asunto de modos múltiples. Por un lado, los fallos graves del Estado socavan su autoridad para reprochar a los ciudadanos que también incumplen con sus deberes. En efecto, ¿cómo puede levantar el dedo acusador contra los agitadores que violan derechos, quien es el primer responsable de violar los derechos que esos agitadores reclaman? Por otro lado, la jurisprudencia ha sabido atenuar las cargas contra aquellos que violan ciertos derechos (pongamos, generan ruidos molestos, ensucian las calles, interrumpen el tránsito, bloquean el acceso a los tribunales, etcétera), al reconocer que ciertos recursos anti o extrainstitucionales (bloquear la entrada de los tribunales) pueden representar un medio extremo, pero necesario para impugnar al Estado, cuando el mismo obstruye la atención y remedio de tales quejas (por los altos costos -de todo tipo- que impone para el acceso de los más débiles a los tribunales, etcétera). Finalmente -y lo que también resulta fundamental, a la luz de los sucesos políticos recientes- debe anotarse que las faltas del Estado en la protección de derechos nunca son equiparables a faltas en apariencia simétricas cometidas por la ciudadanía (la violencia desbordada del Estado frente a la de los ciudadanos). El poder extraordinario (económico, coercitivo) con que cuenta el Estado requiere de controles y cuidados extraordinarios, y -por ello también- exige la asunción de responsabilidades también extraordinarias por parte de las autoridades que se extralimitaron en el uso de los medios bajo su custodia.

Todo lo anterior puede y suele ser cierto, pero nada de ello implica que quienes, en repudio o crítica al Estado, violan derechos de un modo grave, tengan "carta blanca" para hacerlo o no merezcan ser responsabilizados porque actúan "en situación de protesta". En una república democrática, los bienes comunes no pueden ser tratados como si no fueran compartidos -y por tanto susceptibles de ser arrasados sin más-, y los opositores o críticos -periodistas, políticos o agentes de seguridad, da lo mismo- no pueden ser privados de humanidad y, por tanto, agredidos, apedreados o heridos como si no les correspondiera el mismo respeto que, por serlo, todo ser humano merece.

Me temo, de todos modos, que la misma lógica de "la guerra" que recorre toda la historia argentina, y que el "Nunca Más" parecía haber disuelto, se encuentra presente hoy. Buena parte de esa misma comunidad que pudo protestar exitosamente, todos los días, con convicción y en paz frente a los responsables de los peores crímenes, hace años que se siente autorizada a humillar, moler a golpes o escupir en público junto a sus hijos a los que no piensan como ellos -siempre, por supuesto, en nombre de la justicia-. Que quienes lo provocan con violencia deban asumir su responsabilidad no debería darle confort al Gobierno. El Gobierno debe asegurar los derechos de todos, incondicionalmente, pero cree que puede tornarlos dependientes del crecimiento económico; él debe afirmar su autoridad siendo y pareciendo justo, pero en cambio -imperdonablemente- sobreactúa su autoridad a los tiros, como si se tratara de un juego; él debe dar señales indudables de que su prioridad son los más débiles, pero sistemáticamente da la impresión de que responde a las presiones de los poderosos. La democracia y la Constitución, desde hace décadas, están pidiendo otra cosa.


5 ene. 2018

Sagues sobre la protesta


Este artículo de Sagues, http://www.lanacion.com.ar/2097049-no-legitimar-el-derecho-a-la-agresion, es  un compendio de todo lo que siempre tratamos de desafiar, desde el constitucionalismo, en torno a cómo pensar  el derecho a la protesta. Argumentando de un modo muy común en el derecho más tradicional  (que no el más interesante) de la región, el artículo la emprende con la peor versión imaginable  de la postura contraria, ridiculiza  a sus adversarios, describe a la militancia política en términos innecesariamente ofensivos, y descalifica a los "juristas" (entrecomilla el término) como uno (supongo se refiere a mii o a quienes piensan como yo), que entienden que hay valores a resguardar en protestas como las que se han venido dando en nuestro país. Para él, esos juristas entre comillas corrompen, trituran y destrozan al derecho, nada menos (así lo dice). La versión que da Sagues de la protesta es paupérrima. La asimila con la violencia y el piquete, asume que es connatural  a ese tipo de protestas el "destruir el vehículo" de quien quiere pasar, "moler a golpes" al que pasa, "frenar la ambulancia" que avanza con el moribundo...una mirada reiterada, vieja, pobre, desinformada, cargada de prejuicios, equivocada. Para colmo, entiende que la defensa de la protesta -violenta- consiste en asimilarla a la expresión (obviando que la protesta suele combinar una diversidad de derechos, incluyendo el de manifestarse, peticionar frente al gobierno, responsabilizar a las autoridades, etc). Sagues obvia también que la expresión es importante no solamente en sí misma, sino, sobre todo, como vehículo de denuncia acerca de la violación de otros derechos constitucionales (derechos sociales y económicos, típicamente). Sagues olvida, sobre todo, que muchos de nosotros no hicimos nunca una defensa ciega y cerrada de la protesta, sino que tratamos de mostrar que en ocasiones se justificaba, en otras generaba faltas excusables, en otras incorporaba inconductas que podían responderse de modo menos severo. Es decir, la defensa nunca fue por el "todo vale", sino un esfuerzo por dejar en claro que el tema no merecía ser trivializado, como ocurre en el caso bajo examen. Sagúes descuida, también el papel principal que tiene el Estado en la afectación de derechos constitucionales y que implica, otra vez, no la justificación de cualquier acción en contra del Estado, por las graves faltas cometidas, sino una asignación primera de responsabilidades y deberes sobre los funcionarios estatales. Pero en fin, nada importa, todo da lo mismo, cualquier cosa vale. Curioso: las mismas razones que lo llevan a descalificar livianamente a la protesta -ese cualunquismo- es el que se aplica sobre el artículo. 

31 dic. 2017

30 dic. 2017

No al indulto a Fujimori

http://democraciaglobal.org/3225-2/


¡No al indulto y el pacto de impunidad y corrupción! ¡Solidaridad con la lucha por la democracia y la justicia del pueblo peruano!

29/12/2017/por Tejiendo Saberes - PDTG
Hacemos de conocimiento a la comunidad internacional nuestro más profundo y enérgico rechazo al indulto por razones humanitarias dado por el Presidente Pedro Pablo Kuczinsky, el 24 de diciembre, al ex dictador peruano Alberto Fujimori en el contexto de pedido de vacancia presidencial promovida por la mayoría fujimorista en el parlamento de Perú.

Entendemos que la vacancia ha sido promovida como parte de una estrategia golpista del fujimorismo que busca hacerse del poder y copar las instituciones del Estado (Tribunal Constitucional, Consejo Nacional de la Magistratura, Fiscalía de la Nación y Corte Suprema) ante sus iniciativas de investigar y sancionar diversos casos de corrupción que involucran a la excandidata presidencial Keiko Fujimori y su partido político, como a gran parte de las élites políticas peruanas, incluyendo el expresidente Alan García Pérez y el presidente actual Pedro Pablo Kuczinsky.

En tal sentido, denunciamos que el indulto sella un acuerdo de impunidad entre el Fujimorismo y el gobierno peruano, que busca encubrir los casos de corrupción, enriquecimiento ilícito y de violaciones de derechos humanos de las últimas décadas. Denunciamos serios vicios en el procedimiento y la decisión de otorgamiento del indulto humanitario. En tal sentido señalar:

1. Alberto Fujimori fue sentenciado a 25 años de prisión por secuestro agravado (a periodista Gustavo Gorriti y empresario Samuel Dyer) y por crímenes de lesa humanidad (caso Cantuta, asesinato de 9 estudiantes universitarios y un catedrático y caso Barrios Altos, asesinato de 15 personas). De acuerdo a legislación peruana no procede el indulto en casos de secuestro agravado. De igual modo, la CIDH ha establecido que no proceden ni amnistía ni indulto para casos de graves violaciones a derechos humanos.

2. En Perú solo aplica el indulto por razones humanitarias a sentenciados que tienen enfermedades terminales; o que no siendo terminales se encuentran muy avanzadas o son incurables; o cuando las condiciones penitenciarias pongan en grave riesgo la vida y salud del sentenciado. No es el caso, pues Fujimori goza de salud estable y atención medica permanente y sus condiciones carcelarias son óptimas, además de únicas (que otros presos no poseen).

3. La CIDH estableció que para el caso la Cantuta, de progresar un pedido de indulto los familiares debían ser informados previamente para poder designar un médico en la junta médica evaluadora. Esto no ha sido respetado.

4. Fujimori, además, fue sentenciado –y cumplió sus condenas- a 7 años por peculado (entrega ilegal de 15 millones de dólares de las arcas nacionales a su ex asesor Vladimiro Montesinos); a 6 años por delitos de corrupción, espionaje telefónico, compra de congresistas tránsfugas y línea editorial de medios; y a 8 años por desviar fondos de Fuerzas Armadas y Servicio de Inteligencia Nacional para financiar ‘diarios chicha’ desde donde se atacó y denigró a opositores.

Por lo dicho, el indulto dado por el presidente Kuczinsky a Fujimori viola la ley y responde única y evidentemente a un pacto infame con el fujimorismo, no solo para mantenerse en el cargo por lo que queda del periodo presidencial, sino para evitar ser investigado por negocios que la empresa de su propiedad realizo con la transnacional Odebrecht cuando era funcionario de Estado beneficiándose económicamente. Llamamos a las instancias nacionales e internacionales correspodientes de revertir esta decisión nefasta. Particularmente, hacemos votos para que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el proceso de supervisión del cumplimiento de la sentencia en los casos Barrios Altos y Cantuta, declare nulo el indulto a Fujimori.

Finalmente, solidarizarnos con el pueblo peruano que lucha hoy en las calles por recuperar el Estado, la democracia y la economía (secuestradas por más de 25 años por élites, mafias y tecnocracias neoliberales) para ponerlas al servicio de las grandes mayorías.

Firman
Jose Nun, Argentina
Alberto Acosta, Ex-presidente de la Asamblea Constituyente, Ecuador
Boaventura de Sousa Santos, Portugal
Arturo Escobar, U. de Carolina del Norte, Chapel Hill, Estados Unidos
Raúl Zibecchi, Uruguay
Verónica Gago, Argentina
Marisol de la Cadena, UC Davis-Anthropology, Estados Unidos
Roberto Gargarella, Argentina
Carlos Pérez Guartambel, CAOI- Ecuarunari
Maristella Svampa, sociologa y escritora, Argentina
Amineh Kakabaveh, Member of the Parliament of Sweden for Swedish Left Party, Suecia
Marco Venegas, Member of the Parliament of Sweden for Swedish Left Party Itza Hernandez Svensson, Chariman of Latinamerikagrupperna, Suecia
Teivo Teivainen, Universidad de Helsinki, Finlandia
Jelke Boesten, King’s College London, Inglaterra
Patricia Oliart, Senior Lecturer in Latin America Studies, Newcastle University, Inglaterra
Paulo Drinot, University College London, Inglaterra
Nikolaj Villumsen, Member of Danish Parliament for The Red Green Alliance, Suecia
Chuck Walker, Professor of History of MacArthur Foundation Endowed Chair in International Human Rights/Director of Hemispheric Institute on the Americas, Estados Unidos
Jo-Marie Burt, George Mason University and Washington Office on Latin America, Estados Unidos
Diana Gómez Correal, profesora Universidad de Los Andes, Colombia
Boaventura Monjane, periodista y activista Mozambiqueño, Centro de Estudios Sociales, Universidad de Coimbra, Portugal
Horacio Tarcus, historiador, CeDInCI / UNSAM, Conicet, Argentina
Oscar Jara Holliday, Costa Rica
Virginia Vargas Valente, Perú
Luis Aguirre, Secretario Ejecutivo OCLAE
Carmen Blanco Valer, vocera sobre asubtos indígenas Partido Iniciativa Feminista -Feministiskt Initiativ
Rosa Elva Zúñiga López, Secretaria General del Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe
Pablo Bergel, Sociólogo, ex diputado de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina
German Rodas Chaves, miembro de la Comisión Nacional Anticorrpución del Ecuador
Rocío Silva Santisteban Manrique, DNI 07822730, Perú
Luciano Concheiro Bórquez, UAM-X, México
Jeannette Escanilla, suplente al Parlamento sueco, Partido de la Izquierda Suecia.
Franck Gaudichaud, Universidad Grenoble Alpes, Francia
Enrique Viale, Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas
Marcela Bobatto, Movimiento para la salud de los Pueblos Latinoamérica (MSP-LA)
Sandra Marín, Movimiento para la salud de los Pueblos Latinoamérica (MSP-LA)
Helbert Choachi, Docente y Secretario General de la Universidad Pedagógica Nacional, Colombia.
Rafael González, Asociación Latinoamericana de Medicina Social, ALAMES
Salvador Schavelzon, Brasil
Rogério Haesbaert, geógrafo Universidad Federal Fluminense, Brasil
Catalina Toro, Colombia
Xochitl Leyva Solano, Chiapas, México,
Maria Angelica Pease Dreibelbis DNI 07879967, Perú
Juan Carlos Ruiz Molleda DNI 07749253, Perú
Carlos Monge Salgado DNI 08769644, Perú
Emiliano Teran Mantovani, Observatorio de Ecología Política de Venezuela-Universidad Central de Venezuela, Venezuela
Mario Blaser, Canada Research Chair in Aboriginal Studies, Canadá
Fabiana Li, Associate Professor, Department of Anthropology, Universidad de Manitoba, Canadá
Gerardo Renique Caycho, City University of New York, Estados Unidos
Deborah Poole, Professor Johns Hopkins University, Estados Unidos
Bruce Mannheim, Professor of Anthropology University of Michigan, Estados Unidos
José Antonio Lucero, Chair, Latin American and Caribbean Studies, Universidad de Washigton, Estados Unidos
Ulrik Kohl, Councilor, City of Copenhagen for The Red Green Alliance, Suecia
Lasse P.N. Olsen, Councilor, City of Aalborg for The Red Green Alliance, Suecia
Raphael Hoetmer, Institute for Social Studies, the Netherlands
Vilma Almendra, Pueblos en Camino, Colombia
Manuel Rozental, Pueblos en Camino, Colombia
Alejandra Santillana Ortiz, Instituto de Estudios Ecuatorianos/Colectiva Feminista Las Lorenzas, Ecuador

Organizaciones
Articulación Feminista Marcosur
Congreso de los Pueblos, Colombia
Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, México
Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe-CEAAL
Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Colombia
Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras por los Derechos Sociales y Ambientales
Iconoclasistas, Argentina
Confluencia de Mujeres para la Accion Pública, Colombia
Asociación de Campesinos y Comunidades Sin Tierra del Cesar, Colombia
Hijos e Hijas por la Memoria y contra la Impunidad (Colombia)
Fuerza Común, Colombia
Corporacion Claretiana Norman Pérez Bello, Colombia
Asociación para la Investigación y Acción Social Nomadesc, Colombia
Poder y Unidad Popular, Colombia
Revista La Siniestra, Colombia
QUIPU, Colectivo por la Memoria Histórica – Arica, Chile
Comunidad Guadalupana, Ecuador
Fundación de Mujeres, Colectivo Político y Movimiento Nacional de Mujeres de Sectpres Populares Luna Creciente
Mujer Dispara Colectiva Audiovisual Feminista Independiente
Partido Feminista de Suecia
Awqa Feminista Colectiva de Feminismo Comunitario
Programa Democracia y Transformación Global PDTG, Perú
Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos -Peru EQUIDAD
Partido Piquetero, Argentina
Movimiento Patriótico Manuel Rodríguez, Chile
Unión Clasista de Trabajadores, Chile
Movimiento Democrático Popular, Chile
Movimiento del Socialismo Allendista, Chile
Entrepueblos
Asamblea Popular por el Agua de Mendoza, Argentina
Grupo de Trabajo de CLACSO ‘Territorialidades en disputa y r-existencia’
Centro de Documentación en Derechos Humanos “Segundo Montes Mozo S.J.”, integrante de la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD)
Pueblo Crítico, Puerto Rico
Universidad Intercultural de los Pueblos, Colombia
Pueblo y Dignidad, España.
Plataforma Déjame en Paz, Colombia
Congreso de los Pueblos. Europa
Colectiva Feminista Las Lorenzas, Ecuador
Colectivo Feminista Ramonas, Bolivia
Izquierda Anticapitalista Revolucionaría, Chile
Colectivo Parque Las Moscas, Chile
Comunidad Ecuménica Martin Luther King, Chile
Colectivo Híjar, México

Mas firmas individuales
Miguel Mazzeo, Universidad de Buenos Aires/Universidad Nacional de Lanús. Argentina
Pablo Alabarces, investigador CONICET-Profesor UBA, Argentina
Pablo Ortemberg, CONICET-UNSAM, Argentina
Moira Cristiá, Investigadora asistente CONICET-IIGG, Argentina
Paul Cooney, DNI 95417415, Argentina
Marta Bermudez-Gallegos, Investigadora Superior Universidad Nacional Tres de Febrero Centro de Estudios de Genocidio, Argentina
Ernesto Bohoslavsky, Universidad Nacional de General Sarmiento , Argentina
Claudio Lozano, Argentina
Cora Gamarnik, Docente Universitaria, Argentina
Vanina M. Teglia, Universidad de Buenos Aires CONICET, Argentina
Francisco Pazzarelli, Universidad Nacional de Córdoba CONICET, Argentina
Lucila Edelman, médica psiquiatra, Argentina
Carlos Manuel Soto Bardales, estudiante de la Maestría en Literatura Latinoamericana de la Universidad de Buenos Aires, Argentina
Juan Wahren, Argentina

Julieta Montaño Salvatierra, directora Oficina Jurídica para la Mujer de Cochabamba, Bolivia
Suzanne Kruyt, Bolivia
Pavel Lopez F., CIDES-UMSA, Bolivia
Elizabeth Peredo Beltrán, psicóloga y activista, Bolivia

Cheron Zanini Moretti, Brasil.
Marco Chandía Araya, prof. UFPA/ABAETETUBA, Brasil
Lia Pinheiro Barbosa, Universidade Estadual do Ceará, Brasil
Adelaide Gonçalves, historiadora, Brasil
Marcio Goldman, Professor Titular do Programa de Pós-Graduação em Antropologia do Museu Nacional, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brasil

Malely Linares, Colombia
Gustavo Vásquez, Colombia
Diana Ojeda, Instituto Pensar Pontificia Universidad Javeriana, Colombia
Mario Alejandro Pérez Rincón, profesor Universidad del Valle, Colombia
Sandra Rátiva, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla/Congreso de los Pueblos, Colombia

Camila Álvarez Torres,Historiadora, miembro Frente Amplio región de Tarapacá, Chile
Joseph Feldman, profesor de antropología, Pontificia Universidad Católica, Chile
Luis Bustos, integrante del Colectivo Paulo Freire, Chile
Nelly Cubillos, Chile
Olga Espinoza, Universidad de Chile
Fernando Alvear, Sociólogo, estudiante de doctorado en Ciencias Sociales, Universidad de Chile
Barbara Olivares, Psicologa, estudiante de doctorado en Ciencias Sociales, Universidad de Chile
Victor Orellana, Sociólogo, estudiante de doctorado en Ciencias Sociales, Universidad de Chile
Pamela Soto, Psicologa, estudiante de doctorado en Ciencias sociales, Universidad de Chile
Magdalena Guerrero, socióloga, estudiante de doctorado en Ciencias Sociales, Universidad de Chile
William Chávez Alcántara, secretario de Relaciones Internacionales del Partido Perú Libre, Chile
Doris Gonzalez, Ukamau,Chile
Paulina de los Reyes, académica, Chile
Marcelo González Gálvez, Universidad Católica de Chile
Marina Weinberg, Universidad Catolica del Norte, Chile

Armando Fernandez, ecologista, Cuba
Amarilis Pérez, Cuba

Nelson Erazo, presidente nacional del Frente Popular, Ecuador
Enver Aguirre Presidente Nacional Juventud Revolucionaria del Ecuador, Ecuador
Guido Proaño Director Ecuador Libre Red, Ecuador
Jorge Piedra Presidente Nacional de la Federación de Estudiantes Secundarios del Ecuador, Ecuador
Rossana Palacios, presidenta nacional Unión Nacional de Educadores, Ecuador
Cristina Cachaguay, Presidenta Nacional de Mujeres por el Cambio, Ecuador
Andrés Quishpe, Presidente Nacional Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador – FEUE
Mayra Espinosa, Presidenta Nacional (e) Asociación Femenina Universitaria, Ecuador
Francisco Xavier Hurtado Caicedo, Comisión Ecuménica de Derechos Humanos CEDHU, Ecuador
Xavier Alejandro Andocilla Rojas, Vocero del Frente Revolucionario d Izquierda Universitario, Ecuador
Clara Merino, Movimiento de Mujeres de Sectores Populares Luna Creciente, Ecuador
Geovanni Atarihuana, Unidad Popular, Ecuador
Mery Zamora, Unidad Popular, Ecuador
Sebastián Cevallos, Unidad Popular, Ecuador
Ángel Orna, Unidad Popular, Ecuador
Carlos Figueroa, Ecuador
Mario Unda, docente universitario, Ecuador
Pablo Ospina Peralta, docente de la Universidad Andina Simón Bolívar, Ecuador
María Belén Moncayo C., MALCRIADA TOTAL PRODUCCIONES, Ecuador
Stalin Gonzalo Herrera Revelo, Instituto de Estudios Ecuatorianos y Miembro del GT CLACSO Desarrollo Rural: Estudios Críticos , Ecuador
Inti Cartuche Vacacela, nacionalidad kichwa, Ecuador
Paola Maldonado Tobar, desde Ecuador, integrante del GT Territorialidades en disputa, Ecuador
Nelsy Lizarazo, Ecuador
Francisco Muñóz Jaramillo, Ecuador
Christian Arteaga, Ecuador
Erika Arteaga, Ecuador
María Clara Osejo Paez, Ecuador
Doris Pinos, Ecuador
Cristina Burneo Salazar, Ecuador
Antonio Villaruel Oviedo, doctorante UNAM, Ecuador
María Isabel Salvador, Ecuador
Enith Flores Chamba, Ecuador
Pedro Barreiro, Ecuador
Alba Crespo Rubio, Ecuador
Carmen Ortiz Crespo, Ecuador
Ivanova Flores, Presidenta del Consejo Estudiantil, Colegio Luis Vargas Torres, Ecuador
Julio Lastra, Presidente del Consejo Estudiantil, Colegio Roberto Luis Cervantes, Ecuador
Fernanda Quinteros, Presidenta del Consejo Estudiantil, Colegio Margarita Cortez, Ecuador
Anthony Padilla, Presidente del Consejo Estudiantil, Colegio Dr. Luis Prado Viteri, Ecuador
Anthony Loor, Presidente del Consejo Estudiantil, Instituto Luis Tello Johel Ayoví Colegio Nuevos Horizontes, Ecuador
Josthin Fernandez, Presidente del Consejo Estudiantil, Colegio Alfonso Quiñonez, Ecuador
Damaris Charcopa, Presidenta del Consejo Estudiantil, Colegio San Francisco de Asís, Ecuador

Patricia Castillo, Guatemala

Mina Navarro, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México
Alondra Barba, México
Sagrario Lobato Huerta, PHM, México
Beatriz Eugenia Romero Cuevas, Universidad Autónoma de la Ciudad de México, México
Danilo de Assis Clímaco, Doctor en Estudios Latinoamericanos, UNAM, México
Diana María Rodríguez Vértiz, México, Universidad Nacional Autónoma de México
Rubén Matías García, Posgrado de Estudios Latinoamericanos, Universidad Nacional Autónoma de México, México.
Alejandra G. Galicia Martínez, Universidad Nacional Autónoma de México
Sandra Ivette González Ruiz, Universidad Nacional Autónoma de México
Sara Lua González Forster, Universidad Nacional Autónoma de México
Maria Fernanda Uribe Cruz, estudiante, México
Ariel Leyva, estudiante de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, México
Bisharú Bernal Medel, doctorado en Estudios latinoamericanos, Universidad Nacional Autónoma de México
Alessandro Peregalli, doctorando, Universidad Nacional Autónoma de México
Elsa Guzmán Gómez, México
Patricia Viera Bravo, Universidad Nacional Autónoma de México, México
Gabriel Medina Carrasco, Dr. Ciencias Sociales, Universidad Autónoma Ciudad de México
Gladys Alfaro, México
Gustavo Esteva, Universidad de la Tierra en Oaxaca, México
Mercedes Rodriguez, Universidad Autónoma de la Ciudad de México, México
Beatriz Torres , Universidad Autónoma de la Ciudad de México, México
Sandra Rozental, profesora investigadora, Universidad Autónoma Metropolitana, México.

Enrique Fernández-Maldonado DNI 10269471, Perú
Susana Maribel Ilizarbe Pizarra DNI 10550997, Perú
Lisbeth Ivonne Ramirez Ramires DNI 41381564, Perú
Gabriella Huanay Figueroa DNI 70455233, Perú
Juan Pablo Campana Zegarra DNI06274135, Perú
Elvis Ernesto Mori Macedo DNI40804491, Perú
Glayds Yovana Mamani Choqueza DNI43056615, Perú
Nardiet Torres Lizana DNI40022013, Perú
Franklin Velarde Herz 70436819, Perú
Alex Linares Castillo 40803744, Perú
Orestes Bermúdez Rojas 40497799, Perú
Andrea Flores Zumenlzu 45349708, Perú
Irma Pflucker DNI42612713, Perú
Paúl José Casafranca Buob, D.N.I. 23839206, director ejecutivo de APORVIDHA, Perú
Daniel Mathews Carmelino, DNI 09858954, Perú
María Eugenia Ulfe, docente asociada al Departamento de Ciencias Sociales, Pontificia Universidad Católica del Perú, Perú
Paula Monteverde, Perú
Roxana Crisólogo Correa, DNI 09133929, Perú
Thomas Moore, antropólogo, Perú
Rosario Basurto Carrillo, DNI 08266560, Perú
Selva Sofía Chirif Trapnell, Dni 43090916, Perú
Alberto Chirif, DNI 05342330, Perú
Danilo Quijano Silva, Perú
Iliana Irene Estabridis Rey – Sánchez, DNI 06642655, Perú
Gabriela Sabina Urco Canales, DNI 45887412, Perú
Caroline Sarah Weil, DNA 48928297, Perú
Joel Jabiles-Eskenazi, DNI 42032888, Perú
Abigail Anelsy Salas Moscoso, DNI 73382499, Perú
Paulina Chirif Camino, DNI 10278677, Perú
Martin Scurrah, DNI 48563521, Perú
Lucy Trapnell, DNI 05285897, Perú
Adela Elvira María Reategui Ismodes de Moore, DNI 07639360, Perú
Valeska Ruiz Peña, DNI 41916391, Perú
Rodrigo Sánchez Enríquez, DNI 10430144, Perú
Rodrigo Quijano, DNI 07180206, Perú
Gustavo Sosa García, docente, Perú
Iris Jave, DNI 08396112, Perú
Patricia Ames, DNI 25706394, Perú
Margarita Saona, DNI 08772982, Perú
Renato Pita, DNI 40689377, Perú
Evelyn Noelia Sotomayor Martínez, DNI 43142299, Perú
Ruhuan Huarca Llamoca-Editor, Universidad Nacional de San Agustin, Perú
Cristina Planas Toledo, artista plástica, DNI 09336118, Perú
Alonso Rabí Do Carmo, DNI 08231094, Universidad de Lima, Perú
Olga Rodríguez Ulloa, DNI 41898752, Perú
Andrea Cabel García, DNI 41624669, Perú
Luis Fernando Chueca, DNI 08703717, Perú
Rafael Espinosa Montoya, DNI 08261475, Perú
Virginia Beatrhice Benavides Avendaño, DNI 10507392, Perú
Carolina Ortiz Fernández, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú
Tamia Romero Barrios, DNI 45646069, Perú
Ellyn Adelmann, Perú
Naomi Vass, Perú
Megan Lough, Perú
Camilo Escobar Marín, Perú
Silvana Vargas Winstanley, Pontificia Universidad Católica del Perú, Perú

Marie Martines, feminista independiente, Perú
Javier Felipe Morales Rodríguez, Perú
Javier Fernando Chavez Rivera, Perú

María Noelia Correa García, Las Minervas, Uruguay
Agustín Cano Menoni, docente, Uruguay
María Ana Folle, Uruguay
Marcelo Pérez Udelar, Uruguay
José Enrique Silva, Uruguay
Susana Escudero, Uruguay
Alicia Migliaro González, Uruguay
Romina Cabrera Lasserre, Uruguay

Alexandra Martínez, Venezuela
Paulino Núñez, Contradeudas/CADTM-AYNA, Venezuela
María Suárez Luque, docente de la Universidad Central de Venezuela, Venezuela
Livia Vargas González, profesora universitaria, Venezuela

Ana Isla, Profesora de Sociologia de Brock University, Canadá
Andrea Roman Alfaro, Universidad de Toronto

Jose Ragas, Universidad de Yale, Estados Unidos
Jeffrey W. Rubin, Boston University, Estados Unidos
Claudia A. Arteaga, Assistant Professor, Department of Spanish, Caribbean and Latin American Literatures and Cultures Scripps College, Estados Unidos
Olimpia E. Rosenthal, Profesora Asistente Indiana University, Estados Unidos
Marc Becker, Estados Unidos
Lourdes Hurtado, Departamento de Historia Franklin College, Estados Unidos
Shane Greene, profesor de antropología Universidad de Indiana, Estados Unidos
Caroline Yezer, antropóloga, Research Affiliate, Strassler Center for Holocaust & Genocide Studies, Estados Unidos
Jeffrey L. Gould, Rudy Professor of History Indiana University, Estados Unidos
Isaias Rojas-Perez, Associate Professor of Anthropology of Rutgers-Newark, Estados Unidos
Candy Hurtado Bonilla, Florida Atlantic University, Estados Unidos
Alberto Valdivia Baselli, The Graduate Center, City University of New York, Estados Unidos
Bianca Premo, Associate Professor of History, Florida International University, Estados Unidos
Patrícia Alvate Astacio, Departamento de Antropología-Brandeis University, Estados Unidos
Carlos Aguirre, Universidad de Oregon, Estados Unidos
Thomas Ward, Loyola University Maryland, Estados Unidos
Anita Say Chan, Associate Professor Media & Cinema Studies Department Institute for Communications Research, Universidad de Illinois, Estados Unidos
Carlos Villacorta, Assistant Professor of Spanish, University of Maine, Estados Unidos
Rocío Ferreira, Associate Professor of Spanish, Director of Graduate Programs in Modern Languages, Estados Unidos
Adrián Lerner, Yale University, Estados Unidos
Stefanie Graeter, Center for Latin American Studies of University of Chicago, Estados Unidos
Carlos Piñeyro Nelson, New School, Estados Unidos
Rachel Sarah O’Toole, Associate Professor History Department, University of California, Estados Unidos
Ulises Juan Zevallos Aguilar, Ohio State University, Estados Unidos
Lynn Anne Panepinto, Estados Unidos
Jason Pribilsky, Department of Anthropology, Whitman College, Estados Unidos
Emily Yates-Doerr, Estados Unidos
Ana Varela Tafur, Universidad de California, Estados Unidos
Marcial Godoy-Anativia, Hemispheric Institute of Performance and Politics, New York University, Estados Unidos
Richard Kernaghan, antropólogo, Estados Unidos

Carles Feixa Pàmpols, Professor of Social Anthropology/Department of Communication, Universidad de Barcelona, Cataluña
Montserrat Iniesta Gonzàlez, Antropóloga y museóloga, Ajuntament de Barcelona, Cataluña
Lola Cubells Aguilar, Investigadora y Activista en Derechos de los Pueblos Indígenas, España

Ruth Goldstein, Head Tutor and Lecturer Warren House, Reino Unido
Martin Savransky, Lecturer | Department of Sociology, Universidad de Londres, Reino Unido
Larry Lohmann, The Corner House, Reino Unido
Sarah Sexton, The Corner House, Reino Unido
Nick Hildyard, The Corner House, Reino Unido
Diego Madueño, estudiante de posgrado en la Universidad de York, Reino Unido

Jaime Gomez, vocero en Asuntos de Politica Exterior del Partido Iniciativa Feminista, Suecia
Sissela Nordling Blanco, Política del Partido Feminista en Municipio de Estocolmo, Suecia
Solveig Hejl, member of the Latin American committee of The Red Green Alliance, Suecia
Julie Wetterslev member of the Latin American committee of The Red Green Alliance, Suecia
Flavia Oregon, member of the Latin American committee of The Red Green Alliance, Suecia
Gladys Aranibar, Presidenta del Comité de DD.HH. Perú en Suecia (Perú kommittén för Mänskliga Rättigheter) y miembro de la Plataforma Europa Perú – PEP, Suecia
Itza Orozco, presidenta de Solidaridad Suecia America Latina, Suecia
Alejandra Gomez Lozano, miembr@ de la Dirección Nacional del Partido Iniciativa Feminista, Suecia
Joanna Castro, antropóloga social, candidata al parlamento en Suecia por el Partido de Izquierda, Suecia
Blanca-Lilia Lozano, activista por la democracia, Suecia
Magrith Mena Portocarrero, Estudiante de la Maestría de Estudios Sociales de Género, Universidad de Lund, Suecia
Håkan Blomqvist, Associated professor in History, Södertörn University, Suecia
Diana Mulinari. Profesora Departamento de Género, Universidad de Lund, Suecia.
Alejandro González, Doctor en Filosofía, Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Estocolmo, Suecia
Elsie Ralson, Suecia
Ruben Quiñonez, Suecia
Mercedes Rosales Suecia

Carla Mariani, integrante Rede Italiana Colombia Vive!onlus, militante por la Justicia y los Derechos Humanos, Italia
Francesco Cecchini, escritor, Italia
Elisa Patrizia Frediani, Profesora Lucca, Italia
CarovaneMigranti, Italia
Gianfranco Crua, Italia
Patrizia Peinetti, Italia
Giovanna Minardi, Universidad de Palermo, Italia

Valérie Robin Azevedo, Faculté Sciences Humaines et Sociales-Université Paris Descartes, Francia

Mina Petra Baginova. Eslovakia

28 dic. 2017

Nieve mortal sobre la Argentina

Publicado en Revista Anfibia, con don Rubén Lo Vuolo
http://www.revistaanfibia.com/ensayo/nieve-mortal-sobre-argentina/


Una forma cada vez más común -engañosa siempre- de entender la vida pública nacional, consiste en leer los sucesos de hoy como producto de un súbito devenir de los tiempos, esto es decir, no en continuidad sino como ruptura drástica frente a la historia anterior. Se trata de una explicación al estilo de la que podía dar Juan Salvo, el protagonista de El Eternauta de Héctor Oesterheld, a finales de los 50. El Eternauta, en efecto, dio cuenta de la tragedia que afectaba a la Argentina en su época mostrando de qué modo los males del país tenían que ver con una invasión repentina –llegaban los Ellos- cuyos agentes se dedicaban a capturar a inocentes locales, convirtiéndolos en hombres-robots, mientras un minúsculo grupo de héroes –los resistentes- buscaban confrontar con los invasores. La explicación del tipo Eternauta se reconoce en quienes presentan los penosos sucesos políticos de la primera etapa del gobierno de Macri (represión de la protesta; maltrato y muerte a las comunidades indígenas; desacertada política minera; claudicación en la política de medios; políticas de “ajuste económico”; etc.) como hechos sin historia, desenraizados del tiempo. Dicha mirada presenta los problemas nacionales como si se tratara de una nieve mortal que, de repente, y de forma más o menos inesperada, cayó sobre el país, desatando las peores desgracias sobre una sociedad que vivía en calma.

La explicación tipo Eternauta, llamativamente, apareció en estos meses en muchas ocasiones, de forma explícita. De modo más significativo, ella puede reconocerse cotidianamente, implícita en notas, informes, y reportes que quieren dejar constancia del duro estado de situación actual, al que se presenta como cataclismo impensado. Lecturas semejantes buscan encubrir que la situación actual es producto de una obra colectiva vinculada con una degradación de la práctica política que lleva años. Por lo demás, la idea de que hoy nos gobiernan usurpadores imprevistamente caídos del cielo, nos impide reconocer que el actual gobierno es el resultado de una construcción cuyo éxito y legitimidad se debe en buena medida a lo que hicieron y dejaron de hacer muchos de quienes hoy se presentan como líderes de la resistencia. Aproximaciones del tipo Eternauta no sirven para explicar lo que necesitamos entender (por qué el actual presidente ganó las elecciones presidenciales, o por qué tuvo una excelente elección de legisladores a dos años de su mandato), salvo de un modo estrambótico, más propio del relato de Oesterheld (los medios de comunicación como herramienta enemiga que genera alucinaciones sobre las víctimas locales). Finalmente, explicaciones del estilo “nieve mortal sobre la Argentina” nos llevan a pensar que una política justa exige, ante todo, liberarnos de los usurpadores para abrir el acceso al poder de los resistentes. Ello, como si las prácticas no muy lejanas de muchos de los que se pretenden héroes, hubieran sido de naturaleza esencialmente diferente de la que hoy predomina. 

Política sin historia y sin contexto

La historia y el contexto, más que lo excepcional y lo repentino, dan cuenta de los males de hoy. Por lo demás, es sólo así -reconociendo las continuidades y relaciones de precedencia entre ayer y hoy- que podemos evitar un nuevo tránsito por la senda de los errores repetidos. Para ilustrar las implicaciones tan diferentes entre un tipo de explicación (estilo “nieve mortal”) y otra con la vista puesta en la historia nacional, podemos repasar cualquiera de los sucesos más relevantes de los últimos meses.

Comencemos, por caso, por algunos de los hechos más trágicos del 2017, vinculados con las muertes de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel. Una lectura posible de tales sucesos asocia a esas muertes con un “giro enloquecido de la historia,” que nos vuelve a colocar frente a un Estado criminal, que persigue y mata a los miembros de las minorías más débiles. De acuerdo con este enfoque, la llegada del nuevo gobierno resulta el factor determinante para explicar muertes como las mencionadas, y para anticipar las que, sin dudas, van a repetirse en el corto plazo. Una lectura alternativa a la anterior, más preocupada por el contexto y la historia, vincularía en cambio a tales muertes con prácticas que nuestro Estado desarrolló de modo consistente durante siglos. Se trata de políticas que se agravaron en las últimas décadas al calor de medidas “neo-desarrollistas” y “extractivistas”, que reconocen como principal límite el desafío que les imponen las comunidades indígenas. Tales políticas explican por qué coaliciones tan diferentes como los que gobernaron en Chile, Ecuador o la Argentina, en distinto tiempo dictaron, todas ellas, leyes antiterroristas muy similares. Dichas leyes antiterroristas surgieron, en nuestro país, en defensa de proyectos de dudosos beneficios para la sociedad y de probado impacto ambiental negativo, como el de “Vaca Muerta;” y políticas irracionales, como las que se llevaron a cabo en violación de la “ley de glaciares.” Enfocada de este modo, la situación que enfrentamos hoy se avizora distinta: no estamos, entonces, frente a un caso de “nieve mortal”, sino frente a políticas que llevan décadas, y que se expanden a lo largo del país y mucho más allá de nuestras fronteras. Tal lectura sugiere, por lo demás, la necesidad de reconocer continuidades antes que rupturas, como así también la necesidad de adaptar reformas estructurales que no se limitan a remover a un grupo improvisado de “invasores,” recién caído del cielo.

Tomemos otro caso paradigmático de estos meses, como lo es la prisión preventiva para Milagro Sala. Otra vez, algunos han querido ver en el hecho un súbito devenir represivo de la política –un cambio compatible con la llegada de los Ellos. La prisión preventiva para Milagro Sala representa así, para algunos, la reaparición de los “presos políticos” en la Argentina, un hecho que a la vez vendría a confirmar que el país se encamina a consolidar un régimen de “dictadura civil.” Sostener esa lectura, sin embargo, requiere barrer bajo la alfombra un tema mayor –el de la protesta social- al que la política argentina viene respondiendo indebidamente desde el mismo momento en que se tornó viral, esto es, desde la destrucción del viejo modelo industrial; el debilitamiento del sindicalismo; la explosión del desempleo y la crisis del 2001. A partir entonces, hubo protocolos de protesta de corta vida; apareció Proyecto X, destinado a monitorear a la izquierda a través de la Gendarmería que controlaba Nilda Garré; un agente vinculado con los servicios de inteligencia, Sergio Berni, fue designado como autoridad máxima en el área de Seguridad; se produjeron actos continuos de “represión terciarizada”; el general Milani quedó a cargo del espionaje para el gobierno; y un largo etcétera. Lecturas del tipo “nevada mortal sobre la Argentina” no quieren ver -y quieren impedir que veamos- que estamos frente a una política represiva sostenida en el tiempo, que desde hace décadas viene regando de muertos nuestras calles (2 muertos en situación de protesta social durante la presidencia de Menem, 45 durante la de De la Rúa; 2 durante la de Duhalde, 2 durante la de Néstor Kirchner, más de 20 durante el gobierno de Cristina Kirchner). A la luz de todas las muertes producidas en nuestro país desde el 2001, a través de gobiernos en apariencia muy diferentes, resulta particularmente grave que la actual administración no haya aprendido la lección, y siga privilegiando el uso de la coerción estatal como principal medio para lidiar con el conflicto social. Debemos impedir, por tanto, que ese camino represivo se mantenga, pero en todo caso –siempre- conscientes de que no nos encontramos frente a la “excepción”, sino frente a una “continuidad agravada”: la criminalización de la protesta parece ya una política de Estado, que distintos gobiernos han ejercido en su momento por distintos medios y que el actual busca consolidar sostenido en normas y prácticas de gobiernos anteriores.

Un ejemplo más cercano en el tiempo es el vinculado con las políticas de “ajuste económico”, que se expresaron recientemente en los cambios impuestos en el tema jubilatorio. El ajuste en la movilidad del haber jubilatorio que se acaba de aprobar no es el punto de partida de un cambio súbito (impulsado, aparentemente, por un comando alienígena recién llegado a la Tierra). Se trata, más bien, de otro jalón en una historia que lleva décadas, que incluye a gobiernos que –con buenas o malas razones- privatizaron el sistema quitándole fondos y recortando beneficios, se negaron a pagar derechos adquiridos incluso luego de re-estatizarlo; se rebelaron frente a la  sentencia emitida por la Corte Suprema en “Badaro”; dispusieron, de modo cruel, que cada jubilado que quisiera cobrar lo suyo tuviera que iniciar y ganar un nuevo juicio; y finalmente –ante el panorama de que los jubilados seguían litigando y ganando sus juicios- decidieron impulsar una nueva ley –aquella que de modo agraviante se llamó de "democratización de la justicia"- para agregar una instancia más a los reclamos de la tercera edad, apostando así a la muerte de los litigantes, como forma de que ellos no cobraran nunca lo que les correspondía por derecho. Esta reconstrucción histórica debe permitirnos reconocer que el gobierno anterior había correctamente recuperado los recursos fiscales y financieros que iban a parar a las AFJP e incorporado muchos personas sin cobertura con la llamada “moratoria previsional”. Pero debemos admitir también que esos fondos extraordinarios no fueron utilizados para organizar un sistema capaz de pagar beneficios sostenibles en el tiempo, de carácter universal y solidario, sino que sirvieron principalmente para financiar el déficit público y que la moratoria previsional, además de ser “transitoria”, permitió el ingreso de personas en edad pasiva sin cobertura, pero lo hizo con aplicó un nefasto sistema que les quitaba el “aporte no realizado” del beneficio pagado para seguir manteniendo la ficción de un sistema contributivo, incapaz de sostenerse en el tiempo. Entonces, tenemos razones para denunciar, en la actualidad, el despojo que significa el cambio de un sistema de actualización de beneficios, pero –otra vez- evitando la miopía que nos impide ver de dónde venimos, y cuáles son los problemas que afectan a un sistema de previsión social que es insostenible y necesita ser reformado. 

En fin, no se trata de diluir en el tiempo las graves responsabilidades del actual gobierno, ni licuar entre muchos las violaciones de derechos cometidos por sujetos particulares, identificables por su nombre y apellido. De lo que se trata, por el contrario, es de reconocer que el actual gobierno avanza con políticas regresivas, en muchos casos inconstitucionales e injustas, montado cómodamente en la plataforma que le dejaron gobiernos anteriores en los cuales tuvieron un papel preponderante muchos de los que hoy se pretende “héroes resistentes”. Más aún, los programas heredados y sus resultados son los que, en buena medida, han abierto un crédito impensado a políticas de orientación ortodoxa que no tenían lugar en la agenda pública luego de la crisis de 2001-02. Si esto no se reconoce, se corre el riesgo de pensar que lo que necesitamos es una vuelta a las políticas aplicadas previamente. En definitiva, necesitamos reconocer que la discriminación y el maltrato hacia los más débiles; las políticas de expoliación y uso irracional de los recursos naturales; la criminalización de la protesta social; el avance de la creciente e injusta desigualdad social y económica que se promueve en el país, no empezaron ayer, no se explican sólo por las políticas actuales, ni son producto de alguna inesperada “nieve mortal” caída sobre el país de modo repentino. 

25 dic. 2017

Política pendular


El libro académico /nacional del año
https://www.clarin.com/revista-enie/ideas/politica-pendular_0_BJTnWAHff.html

Políticas públicas y democracia en Argentina. Crónicas de un país que no aprende, escrito por Rubén Lo Vuolo, es un libro importante para pensar sobre la evolución económica argentina, desde los tiempos del menemismo hasta la actualidad.

Basado en notas publicadas por el autor a lo largo de estas últimas tres décadas (y dedicado a la memoria de otro economista ejemplar y honesto, Alberto Barbeito), la colección de textos muestra el modo “pendular” en que, en nuestro país, se repiten ciertos diagnósticos y ciertas respuestas erradas, como si nunca se hubieran ofrecido antes, como si el aprendizaje colectivo fuera imposible.

Lo Vuolo –economista– escribe “convencido de que los gobiernos argentinos continúan oscilando en un péndulo alimentado por las inconsistencias intrínsecas” entre dos corrientes antagónicas, que Marcelo Diamand denominó “el expansionismo popular” y la “ortodoxia liberal”.

Contra una lectura habitual en la sociología, que vincula los males argentinos con la prolongación de un estado de “empate político” entre ambas concepciones, lo que aquí se demuestra es que el problema reside en otro lado, esto es, en la inviabilidad propia de tales programas, aparentemente enfrentados. Y es que “ambas corrientes se ocupan de acumular y concentrar poder político en lugar de revisar sus concepciones y sus políticas en materia económica y social”.

Las crónicas que aquí incluye Rubén Lo Vuolo atestiguan, a su vez, que en todo este tiempo de idas y vueltas, de entusiasmos triunfalistas, de objeciones parciales y partisanas (impugnaciones que se vociferan cuando gobiernan “los otros,” y se callan cuando gobiernan “los propios”) era posible sostener un análisis crítico, consistente, lúcido y comprometido.

Políticas públicas y democracia en Argentina, Rubén Lo Vuolo. Miño y Dávila

22 dic. 2017

Violencia, protesta, escrache

Los acontecimientos de los últimos días reafirman que, como todo lo demás, también estamos pensando mal sobre la protesta. A mí me interesó e interesará decir siempre que la protesta, dentro del constitucionalismo, es un valor que debe ser respetado y tomado en serio, como no suele serlo. Siempre dije y seguiré diciendo que el derecho se ha acercado mal a la cuestión, en su ansiedad por criminalizar a aquellos que debiera escuchar en primer lugar. Más todavía: la obligación central del derecho es la de asegurarle a cada habitante los derechos constitucionales (sociales, económicos) que habitualmente les niega. Del mismo modo, importa decir que el Estado suele ser el principal responsable de las violencias que luego condena: responsable por los derechos que está comprometido a garantizar y no garantiza; responsable por el uso ligero e irresponsable de la fuerza bajo su control; responsable por convertir al derecho penal -ultima ratio- en primera respuesta frente a quienes protestan. Quiero reafirmar además, la íntima conexión que existe entre democracia y protesta, y la contribución que la última hace a la primera, sobre todo cuando reconocemos el pésimo funcionamiento del sistema institucional, y el modo en que los gobiernos -en particular en los últimos 30 años: menemistas, kirchneristas, macrista- han bloqueado o cerrado los caminos institucionales que debieran abrir y ensanchar.

Es tal el valor de la protesta, que aún acciones de desafío al derecho (cortar una ruta; insultar o silbar a un político en un escrache; pintarrajear la casa de un represor; etc.), pueden ser en algunos casos justificadas; en otros excusadas; en otras reprochadas de forma muy moderada. En lo personal, esto es lo que dije y diría siempre, contra quienes vieron cualquier corte de ruta solamente desde el lado de la violación de derechos; quienes pensaron los escraches bajo el prisma absurdo de "acto nazi"; o quienes asociaron al debate democrático, simplemente, con la conversación entre caballeros (y no, también, con "actos expresivos" de diferente tipo).

Esa apertura y sensibilidad del derecho, que muchos aconsejamos, ha sido tomada por algunos (agentes judiciales, pero también activistas) como "carta blanca" para afirmar la trivialidad irresponsable del "todo vale"; o para asimilar un acto criminal a un "acto expresivo" amparado por la libre expresión. Así, ya sea que hablemos de golpear a un político en la calle; arrojar un "fuego de artificio" al "enemigo" (en el país de Cromagnon!); destruir la vereda para romperle la cabeza a piedrazos los opositores del modelo nacional y popular. Todo esto resulta inaceptable: actos como los referidos, tanto como la defensa que los colegas hacen de tales actos. Muchos colegas siguen trabados en la lógica represiva según la cual el que piensa distinto que yo no es un ser humano, y por lo tanto puedo destruirlo -su sangre no importa.

Quiere decir esto que el problema central que enfrentamos es el de las protestas ciudadanas? No, en absoluto, porque me estoy refiriendo a los actos de violencia que dañan a otros, y no a las protestas, que pueden ser realizadas de modo pacífico, como se han realizado tantas veces, aún en relación con los genocidas. Quiere decir esto que la violencia ciudadana es equiparable a la violencia estatal? No, en absoluto, porque la violencia estatal, ni hace falta decirlo, es siempre más grave, por la magnitud del poder coercitivo que controla el Estado, y por la responsabilidad especialísima que tiene cada gobierno por el uso de esa fuerza, que siempre debe quedar sujeto al control más estricto, y puede autorizarse sólo en el último caso. 

Quiere decir lo anterior que el Estado tiene el derecho de reprimir tales actos de violencia ciudadana? No. Otra vez, la misma pregunta tiene que ver con la ansiedad por justificar lo injustificable, o acusar como cómplice al que disiente con uno. El Estado, en primer lugar, debe actuar de modo justo, y también de un modo que sea percibido como justo, y hoy no lo hace ni lo parece. Segundo, el Estado debe ayudar no sólo a que la crítica se exprese, sino a que los ciudadanos pueden hacer responsables a sus representantes, desafiarlos, y exigirles cambios en sus decisiones -no sólo con el voto, sino a través del ejercicio cotidiano de la democracia (por eso rechazamos siempre la verguenza kirchnerista del "armá tu partido y ganame la próxima elección": democracia es todos los días, no sólo las elecciones). Esto tampoco ocurre hoy, como no ocurría antes (en los años del "decido en secreto, por sorpresa" del menemismo; o en los tiempos de "mando este proyecto de ley, y no se cambia una coma," del kirchnerismo que negó siempre el debate democrático). En tercer lugar, el Estado tiene muchas herramientas para impedir la violencia, empezando por la prevención (lo empezó a hacer en las canchas de futbol, y mostró que es posible prevenirla), cuando todas las etapas anteriores (que deben ser cumplidas) las ha salteado o violado (lo a la vez, cabe subrayarlo, mina su autoridad, y con ello también, su autoridad de reproche). En cuarto lugar, el Estado no está autorizado nunca a llevar a cabo actos de violencia descontrolada como los que viene mostrando cada día. (Si el gobierno actual se anima a hacer, en público, lo que hizo el lunes pasado, qué no se animará a hacer en algún confín patagónico o formoseño, lejos de la atención general?). Finalmente, es obvio que el Estado debe responsabilizar a los que -quitándole humanidad a sus "enemigos"- enfrentan y atacan a los que ubica "enfrente," como si lastimar a un periodista "contrario"; o herir a un agente del gobierno fueran actos justificados, propios de la guerra. Simplemente, no estamos en guerra. 

19 dic. 2017

Cuestión mapuche

Encuentro por la paz y el diálogo. Gracias Maristella, Pino, Quique, Silvina

Volvieron los cacerolos

La clase media acomodada, en general, y la burguesía palermitana, en particular, volvió ayer noche a expresarse, por medio de sus ruidosas cacerolas. Bienvenidos! Desde este espacio siempre valoramos la salida a la calle de la gente, sin distinción por cara (recuerdo en cambio mucho desprecio y mucha burla ante cualquier salida a la calle de la clase media, años atrás). En este caso, y como suele ocurrir, la causa lo requiere y demanda, ya que estamos frente a una ley injusta, bastante inútil y por completo injustificada, que termina aprobándose como gesto de autoridad presidencial. Un símbolo horrendo, un error en zancos.

pd.: P12 sobre los caceroleros, tiempo atrás, cuando salir de Palermo y Recoleta con cacerolas era un insulto, ser de clase media un estigma, gritar contra un gobierno elegido un acto destituyente. En un acto racista, todo pasaba por las caras de los manifestantes.

https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-195763-2012-06-06.html

https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-195394-2012-06-01.html

https://www.pagina12.com.ar/29293-las-cacerolas-en-defensa-de-macri

https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-203520-2012-09-16.html

17 dic. 2017

El plan tampoco

Así como la represión (pasada/futura) es inaceptable, incondicionalmente (el Estado de Derecho puede y debe reaccionar con la ley en la mano, siempre, no importa la agresión que le pongan de frente), el "plan" económico que en este caso vino a resguardar la violencia, también es injusto. La reforma previsional, tal como se la presenta, es injustificable, en particular frente a la posibilidad y necesidad de ajustar sobre los que más tienen. El desquicio lo hicieron otros, y los jubilados, junto con los niños, debieran ser los últimos candidatos a pagarlo.

Resulta penoso, en todo caso, que pretendan criticar estas medidas quienes se negaron a pagar el 82% móvil; incumplieron "Badaro"; dieron la crudelísima orden de que cada jubilado que quisiera cobrar lo suyo tuviera que iniciar y ganar un nuevo juicio y -viendo que perdían esos juicios- diseñaron una ley (a la que llamaron de "democratización de la justicia") para agregar una instancia más al reclamo de los jubilados, apostando a la muerte de los viejos antes que al cobro de sus derechos. Los responsables de tales miserias no tienen derecho a criticar nada en la materia, sin antes hacer un acto de contrición, arrepentimiento sincero, y pedido de disculpas a la sociedad toda, y a los jubilados en particular.

Menemistas, kirchneristas y macristas son tres caras de la misma pirámide, para todo lo que importa. Que me digan sino las diferencias que separan a los tres grupos, en materia de jubilaciones; impuesto sobre la renta financiera; política sobre minería, explotación de recursos naturales, fracking. Que me digan si no son responsables, de modo similar, de la discriminación y muerte en relación con los miembros de nuestras comunidades indígenas; de la persecución y espionaje sobre la izquierda; de negocios turbios con el empresariado rentista; de pactos con el lado más oscuro del sindicalismo. Que me digan si no aumentaron el número de presos, el maltrato en las cárceles, el nivel de las penas. Que me digan que los tres no afirmaron o terminaron consolidando una distribución de ingresos más regresiva, en términos históricos. Que me digan, sobre todo, si los tres no llevaron adelante políticas reaccionarias a niveles desconocidos, en materia de salud reproductiva (los dos primeros, a la derecha del Vaticano, literalmente). 

La izquierda hace mal en aliarse, aún tácticamente, con los indeseables restos de los dos primeros sectores: se trata de grupos sin principios, que han sido y siguen siendo parte constitutiva del problema que hoy no se quiere resolver. Nosotros, mientras tanto, vamos hacia los 40 años de travesía en el desierto, esperando encontrar la tierra prometida.

Otra economía es posible, otra política es necesaria.

pd: Lo dicho no significa que los tres grupos sean lo mismo. Cada uno se distinguió por sus propios horrores: el menemismo, por la privatización y destrucción final del estado de bienestar montado por el peronismo en los 40; el kirchnerismo, por una corrupción estructural, y por explotar el vínculo política y narcotráfico; el macrismo por la concepción empresarial de una política que debe ser democrática. Cada uno, por lo demás, tuvo sus normas atractivas: derogación del servicio militar, o ley de cupos, el menemismo; AUH o ley de matrimonio igualitario, el kirchnerismo; la ley de "reparación histórica" o la ley del 50 por ciento, el macrismo. Pero eso no los salva de que veamos en ellos lo que son: la continuidad de una entente político-empresarial-sindical, que organiza una forma degradada, de formas distintas, del capitalismo prebendario -un monstruo que nada tiene que ver con la justicia social o la igualdad.

Allanamientos

14 dic. 2017

Repudio permanente a la represión

Como este gobierno aparece inclinado hacia el lado de la represión, y por si a alguien le interesara saberlo, mi opinión es que nunca, y bajo ninguna condición se encuentra justificado el uso de la violencia estatal en contra de la propia ciudadanía. En cualquier caso, y en primer lugar, frente a hechos como el de hoy repudio la violencia estatal (espero que no haga falta que vuelva a repetirlo frente a cada nuevo acto represivo de los que se vienen). Ello, más allá de que parte de la oposición quiera guerra, y parte de la oposición busque ratificar su idea de que el gobierno es la dictadura. Aún frente a esos imberbes, el gobierno debe tender la mano y buscar el diálogo. Debe ser posible discutir (y oponerse sistemáticamente) a reformas como la actualmente en curso, sin el recurso a la guerra. A diferencia de otros analistas, sin embargo, creo que la primera preferencia del gobierno no es la represión (aunque esté en la naturaleza o en el ADN de algunos de sus miembros llevarla a cabo), sino la estabilidad y la permanencia en el poder. A diferencia de otros analistas, además, creo que una mayoría de la ciudadanía repudia la represión -esto es, creo que en la Argentina, se pierden más votos de los que se ganan, reprimiendo. Por lo dicho, mi única esperanza en este tiempo de desesperanza, es que el gobierno entienda que la salida represiva -merecidamente, debidamente, razonablemente- le va a seguir costando votos. En ese piso absurdo está la discusión.

Sobre el fallo en materia de educación religiosa en las escuelas públicas

M. Alegre, R. Gargarella
http://www.lanacion.com.ar/2091164-un-fallo-historico-en-defensa-de-la-pluralidad

En una de las decisiones más liberales de su historia, la Corte Suprema de la Nación sostuvo que en Salta no podrá seguir dándose educación religiosa en las escuelas públicas dentro del horario escolar y como parte del plan de estudios. De este modo, en un fallo dividido (Rosatti votó, en soledad, en disidencia parcial), el máximo tribunal admitió los reclamos presentados por la Asociación de Derechos Civiles, en conjunto con un grupo de valientes madres de alumnos de escuelas públicas salteñas. La Corte declaró la inconstitucionalidad del art. 27, inciso ñ de la ley provincial de educación 7546, que disponía que la instrucción religiosa "integra los planes de estudio y se imparte dentro de los horarios de clase, atendiendo a la creencia de los padres y tutores", y que permitía (insólitamente) que "los contenidos y la habilitación docente" quedaran, en los hechos, en manos del Arzobispado Católico de Salta.


Foto: LA NACION / Alfredo Sabat
Para fundamentar su decisión, la Corte recurrió a muchos argumentos relevantes. Sin embargo, antes de llegar a dichas consideraciones -el núcleo de la sentencia- conviene subrayar que tanto la opinión mayoritaria (conformada por Highton de Nolasco, Lorenzetti y Maqueda) como la de Rosatti coincidieron en condenar en términos severísimos el carácter agraviante que distingue a la práctica que se viene desarrollando en esta materia, desde hace años, en la provincia de Salta (y, correspondería agregar, como todavía en otras provincias del país).

Para la mayoría de la Corte, el proceso judicial ha mostrado que "en numerosas escuelas públicas salteñas se ha adoctrinado a los alumnos en el catolicismo", a través de textos, ilustraciones y ejercicios contenidos en los libros utilizados por todo el alumnado. Incluso los hijos de padres que habían exteriorizado su voluntad de no recibir educación religiosa, eran mantenidos en las aulas durante las clases de catequesis. Asimismo, la enseñanza religiosa no quedaba reservada a las clases específicamente dedicadas a la religión. "Dentro del sistema educativo público de Salta -afirmó la mayoría- existen patrones sistemáticos de trato desigualitario hacia grupos religiosos minoritarios y hacia los no creyentes". El propio Rosatti, en su disidencia parcial, admite que "en los hechos", quedó acreditado que en las escuelas públicas de la provincia "se ha dictado casi exclusivamente educación en el catolicismo", aun fuera de las horas dedicadas a la enseñanza religiosa, todo lo cual constituye "una grave afectación a los derechos constitucionales" de las minorías salteñas.

Ese unánime reconocimiento, por parte de la Corte Suprema, del carácter discriminatorio de la práctica que se lleva a cabo en provincias como Salta, representa un paso muy importante para las aspiraciones de convivencia y, sobre todo, para asegurar el respeto profundo de las ideas y creencias de quienes piensan y viven conforme a pautas diferentes de las compartidas por las mayorías.

Highton, Lorenzetti y Maqueda explican por qué el problema que se enfrenta en Salta no se limita a una práctica gravemente defectuosa. Lo que ocurre en Salta, nos dicen, es que la normativa vigente en materia de educación importa una discriminación encubierta, a pesar de su apariencia de neutralidad. Para decir esto, la Corte se apoya en una diversidad de razones, de las cuales -por razones de espacio- vamos a rescatar sólo algunas, particularmente relevantes.

Por un lado, la mayoría del tribunal reconoce que el principio constitucional de la igualdad exige ser pensado en términos "estructurales", esto es, teniendo en cuenta, también, de qué modo son tratados los individuos en tanto integrantes de un grupo (por ejemplo, en este caso, los grupos de católicos y no católicos, los agnósticos, etcétera). Siempre, el pleno respeto de los derechos de los miembros de cada grupo requiere que ellos no sean tratados "peor", en base a su género, su raza, su etnia o su religión, etc. Cuando frente a cuestiones tan sensibles, el Estado escoge tratar a algunos grupos mejor o peor que a otros, él debe asumir la carga de la prueba acerca de por qué pretende llevar adelante una distinción tan problemática (una que favorezca a los "blancos" o a los "católicos", o a los "varones"). Por eso se habla en estos casos de "categorías sospechosas" que exigen de parte de la Justicia el "escrutinio más estricto": la Justicia debe poner su foco más atento frente a este tipo de situaciones y asegurar que en definitiva el Estado no utilice ninguna excusa para socavar los derechos de ninguna persona o grupo, en beneficio de los derechos de otros.

En su argumentación, la Corte utilizó también otro argumento crucial, referido a la privacidad y el "derecho al silencio" de cada alumno. Apoyándose en el art. 19 de la Constitución (que es el que protege las elecciones personales de cada persona y determina que las mismas quedan "fuera de la autoridad de los magistrados"), la Corte sostiene que ninguna persona (incluyendo a alumnos y padres) debe ser obligada a revelar en público cuáles son sus convicciones o creencias más íntimas (religiosas, sexuales, políticas). "El derecho al silencio -sostuvo la Corte- implica la posibilidad de hacer valer la facultad de reservarse ideas, sentimientos, conocimientos y acciones que no se desea voluntariamente dar a publicidad o revelar a terceros, o cumplir". De allí la invalidez de la reglamentación de los formularios que los padres o tutores debían completar para que sus hijos se eximieran de la clase de religión.

A las razones de la Corte podemos agregar que la enseñanza religiosa en horario de clases viola el derecho a una educación de calidad, porque permite la eventual enseñanza de contenidos dogmáticos incompatibles con la evidencia científica y con el espíritu crítico que debe animar a la educación pública; desconoce el principio de autonomía progresiva de las niñas y los niños, quienes ven acotadas sus opciones en materia espiritual; vulnera el principio constitucional de separación entre iglesia y Estado, y es contraria al principio republicano de gobierno, porque socava el carácter deliberativo y plural de la escuela.

Este fallo histórico da por tierra con algunas de las defensas de la ley salteña. Con base en un falso federalismo se ha descalificado a quienes opinan desde afuera de Salta, ocultando que esta discusión nos importa a todos: un fallo favorable a la validez de la ley de Salta hubiera permitido avances antiliberales en todo el país. También se dijo a favor de la ley que la mayoría de la sociedad salteña es católica, lo que significa desconocer la lógica de los derechos individuales: cuanto más hegemónico sea un credo, mayor deberá ser la protección de las minorías.

El fallo debe ser celebrado. Nuestra igualdad en materia religiosa, uno de los derechos más esenciales y al mismo tiempo más frágiles, ha sido firmemente defendida por nuestro máximo tribunal.

Profesor titular de Filosofía del Derecho en la UBA, y constitucionalista y sociólogo, respectivamente.

12 dic. 2017

ENSEÑANZA RELIGIOSA EN LAS ESCUELAS.

http://www.cij.gov.ar/nota-28821--La-Corte-Suprema-resolvi--que-en-Salta-no-podr--darse-educaci-n-religiosa-en-las-escuelas-p-blicas-en-el-horario-escolar-y-como-parte-del-plan-de-estudios.html

El fallo es muy importante, en el modo en que advierte el carácter estructural de la igualdad (y la ve, no simplemente como "no discriminación"); en el modo en que examina el artículo 19, y el "derecho al silencio" (por ejemplo, de los niños respecto a su postura sobre la religión, sus creencias, etc.); en la forma en que retoma la idea de "categorías sospechosas" y escrutinio estricto; en la denuncia de la "discriminación encubierta" propia de la ley salteña; en la crítica severísima a la práctica salteña (algo sobre lo que, notablemente, coincide la mayoría y la disidencia parcial de Rosatti): hablan de una práctica de adoctrinamiento religioso; de agravios serios; de sistemáticas violaciones de derechos.

El fallo no llegó tan lejos como hubiéramos querido, pero receptó muchos de los argumentos que ofrecimos, y se asentó en la posición que el Procurador Víctor Abramovich (presidente histórico del CELS) defendió ante la Corte, en esta materia (por eso, artículos como el que publica hoy Página -al que HV, en su salida, criticara como usina de "pensamiento único"- resultan abominables: una muestra de "pensamiento unidimensional": todo es leído en clave "Macri," y con el objetivo previo y resistente a toda prueba, de decir: estamos peor que durante el kirchnerismo; la Corte es nueva y es mucho más conservadora que antes, etc. -ver el texto acá). Lo cierto es que para miles de chicos, se trata de una libertad más, una opresión menos, y hay que celebrarlo.

Repudio a la represión en Neuquén

en la que también fue herido el querido diputado y obrero de Zanón Raúl Godoy

https://www.laizquierdadiario.com/Desde-todo-el-pais-masivo-repudio-a-la-feroz-represion-en-Neuquen

9 dic. 2017

Seminario en Oxford

Fernanda Farina on judicial empowerment, Ezequiel Gonzável Ocantos on Chile, Roberto Gargarella on Argentina, Alun Gibbs on Colombia, Fernando Schüler on Brazil
Constitutional rights and institutional stability in Latin America

08 Dec 2017, 9:30AM to 4:30PM

VENUE:HALDANE ROOM WOLFSON COLLEGESERIES:FOUNDATION FOR LAW JUSTICE AND SOCIETY WORKSHOPORGANISED BY:THE FOUNDATION FOR LAW, JUSTICE AND SOCIETY

The end of the twentieth century was marked by optimism for the stability and effectiveness of the constitutional systems of the nations in Latin America. The authoritarian regimes of the 1970s and 80s had been replaced by constitutions based on well-functioning institutions, respect for individual and social rights, compliance with the rule of law, and a general commitment to the principles of advanced constitutionalism.

Over the last decade, however, matters have taken a very different turn for the worse. The resurgence of political conflict, the growth in violence, widespread disaffection and discontent, authoritarian discourses, and a deep economic crisis have all contributed to the undermining of the established constitutional orders in many of the continent’s nations.

Constitutional texts are being redrafted to serve short-term political objectives; respect for rights has declined; and the institutions of government, particularly the executive and the judiciary, compete for power.

The aim of this workshop is to examine these issues, to assess their causes, and to chart the consequences for the constitutional systems concerned. The participants are drawn from a range of disciplinary backgrounds, including law, sociology, political science, and economics. The workshop will focus on a series of case studies of several key countries: Brazil, Colombia, Argentina, Chile, and Venezuela.

The workshop forms part of a wider enquiry into the success and failure of constitutions. Why do some succeed; why do others fail?

Flores del mal 8: J'habite




Vivo, en estos días, cerca de las estaciones de tren –entre la Gare du Nord y la Gare de l' Est- en una pieza vieja y fría, que no es particularmente recomendable para estos días. Como es previsible en el área ferroviaria, la zona es algo densa socialmente, y racialmente multicolor. Hay negros, indios, chinos, árabes, turcos, marroquíes, gitanos. Son los que llegan primero a todas las veredas del barrio, frente a la estación, para mirar a la gente que marcha lejos. Son también los últimos en retirarse, cuando ya nadie quiere seguir transitando la zona, porque todos han llegado ya, o porque están en camino definitivo hacia su propio lugar -hay quienes no tienen donde estar. Veo a uno de ellos que dibuja enloquecidamente, lapicera en mano, un paisaje de rayas infinito -líneas entrecruzadas que definen alguna forma difícil de adivinar (después me daría el dibujo). Otro lee su bande dessinee (gran pasión de los locales). Siete africanos hablan de África África, sentados en círculo, en un espacio retirado dentro del Mc Donalds. Otros tres negros, a los que les ha ido mejor, se sientan en el café a ver pasar a aquellos que no. Me conmueve en particular un inmigrante al que, por segundo día seguido, veo durmiendo en la vereda: él no se acurruca tímidamente contra la pared, como lo hacen tantos, sino que se acuesta atravesado, en la misma vereda, bloqueando el paso de apurados transeúntes. El aire cálido que llega de las alcantarillas lo tiene ahí, inmovilizado, aferrado al piso, indiferente a las personas que cruzan hacia la calle, lo saltean, lo rodean, lo eluden como pueden, y lo dejan ahí.



Flores del mal 7: Artisans


De las cosas que más me gustan de este país, una de las primeras es la dedicación plena de tantas personas a su metier, en contraste con la actividad todo-terreno que muchos asumen o se sienten obligados a asumir por otros lados (en la Argentina, dicha actitud se expresa luego, por ejemplo, en las cartas de bares y restoranes, que literalmente lo ofrecen “todo”: pastas, carnes, platos vegetarianos, arroces, pescados, tortillas, esto es decir, cualquier cosa). Brotan aquí por doquier los lugares, negocios, talleres, espacios, enteramente orientados a un solo objeto. En pocas cuadras, y sin exagerar, veo frente a las paredes de pequeños locales, colgadas una notable cantidad de carteles apuntando a lo mismo: “artesano de…”; “obrero de…” Las primeras notas son de:  queso; sidra; miel; yogur; cinturones; vino; chocolate, y también macarons; croissantscrepesfoie gras, baguettes…Maravillosos artesanos de un solo objeto. 

Flores del mal 6: Barricades

Hace mucho tiempo, visitando Francia, saqué una foto a la que le tomé cariño: una viejita reflejada en la vereda mojada, un día de lluvia. En esta visita, me di cuenta de la cantidad de fotos que volví a sacar, del mismo tipo: reflejos de personas sobre la vereda mojada, un día de lluvia. Me preguntaba por qué no me surgen ganas de tomar otras fotos así, en otros lados: veredas hay, lluvia hay, veredas mojadas también...pero reflejos de personas no. Pequeñas-grandes curiosidades de la vida! Y una razón, no podía ser sino, es política. Después del 68, y cansados de que los jóvenes usaran los adoquines de las veredas para protestar, arrojarlos contra las fuerzas de seguridad, o armar barricadas, se asfaltaron de modo impecable un montón de veredas, y voilá!










Flores del mal 5: La race compte

Entro en una gran librería jurídica, y lo primero que encuentro es un libro editado por Hourya B., sobre teoría crítica sobre la raza -una compilación de los grandes textos. Qué buena contribución! Qué bueno saber que HB siga en la huella!

6 dic. 2017

Libertad para Milagro Sala?

Varias cosas interesantes en la decisión de la Corte. Me alegra que el tribunal ordene que Milagro Sala deje la prisión, por razones de salud, pero resisto el estilo "compensatorio" que caracteriza desde hace años a la Corte, y que en este caso hizo un "2 x 1" con Sala: prisión domiciliaria sí, pero la prisión preventiva se confirma; y la inmunidad de arresto por ser parlamentaria del Mercosur no vale tampoco, por ser inconstitucional el art. 16 de la ley 27.120 invocado por Sala. El estilo compensatorio confunde la "imparcialidad" de la justicia con la idea de "un poco para cada lado." Un poco para cada lado no es justicia, es cálculo político. También interesante el fallo, en su relación con la Corte Interamericana. La Corte dice que el fallo de la CIDH "impone a la Corte Suprema como órgano supremo de la organización judicial argentina la obligación de adoptar las medidas conducentes, que, sin menoscabar las atribuciones de otros poderes, tienden a sostener la observancia de la Constitución Nacional". Los que decían que todo había cambiado; que la Corte en esta nueva etapa había repudiado el Derecho Internacional de Derechos Humanos (DIDH); que se había roto el esquema de respeto al sistema de DIDH que tanto había costado construir, y varios etcéteras, deberían aclararnos su posición ahora. Los partidarios del "antes" y "ahora" deberían retractarse de tanta tontería dicha: la música será mala, pero sigue siendo la misma que entonces.

Constituent Assemblies: Elster, Gargarella et al, eds. (Cambridge U.P. 2018)

SE VIENE

Elster, Gargarella, Naresh, Rasch, eds., CONSTITUENT ASSEMBLIES, Cambridge U.P. 2018
(Amazon info, acá)

TABLE OF CONTENTS

Jon Elster, Roberto Gargarella, Vatsal Naresh and Bjørn Erik Rasch: Introduction

Udit Bhatia: Precautions in democratic experience: The nexus between political power and competence
Christina Bucur, José Antonio Cheibub, Shane Martin and Bjørn Erik Rasch: Constitution-making and legislative involvement in government formation.
Jon Elster: The political psychology of constitution-making
Jon Elster: A race against time: The making of the Norwegian constitution of 1814
Roberto Gargarella: Constitution-making in the context of plural societies. The “accumulation strategy”.
Thorvaldur Gylfason: Chain of legitimacy: Constitution-making in Iceland
Hanna Lerner: Constituent assemblies and political continuity in divided societies.
Mara Malagodi: Constituent assembly failure in Pakistan and Nepal
Gabriel L. Negretto: Constituent assemblies in democratic constitution orders. The problem of a legally limited convention.